CANCÚN, 29 de octubre — La periodista Lydia María Cacho Ribeiro pidió a la jueza Cuarta de Distrito con sede en Cancún, María José Pech Sáenz, la pena máxima en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, a quien acusa de ordenar torturarla hace más de 20 años, luego de ser detenida por judiciales poblanos en Cancún tras la publicación de su libro “Los demonios del Edén”.
Durante la audiencia de vista de poco más de dos horas, celebrada por videoconferencia a partir de las 13:00 horas de este jueves, Cacho Ribeiro, quien radica en España, pidió también a Mario Marín —que siguió la diligencia desde el Cefereso No. 1 del Altiplano, en el Estado de México— la reparación de los daños y disculpas públicas para ella y para la sociedad poblana, “porque mientras era gobernador violentó sistemáticamente los derechos de toda esa sociedad, que tomó las calles en ese momento para pedir su renuncia por corrupción y por protección de las redes criminales”.
Mario Marín fue detenido el 3 de febrero de 2021 y, de acuerdo con las leyes vigentes de ese entonces, la pena máxima por el delito de tortura es de 12 años, de tal manera que si se le aplica saldría en libertad a principios de 2033.
Por su parte, Mario Marín pidió sentencia absolutoria y negó haber ordenado que se infligieran dolores o sufrimientos a la periodista Lydia Cacho, tras asegurar que su única participación en los hechos que se le imputan fueron dos llamadas telefónicas.
Durante la audiencia de alegatos finales, la periodista inició su intervención diciendo: “Es la primera vez en mi vida que veo de frente al exgobernador Mario Plutarco Marín Torres”, tras señalarlo como parte de la red de protección a José Kamel Nacif Borge y al pederasta sentenciado y ya fallecido Jean Succar Kuri.
Recordó que desde 2003 comenzó a entrevistar a niñas víctimas de trata y explotación sexual comercial infantil perpetrada por Succar Kuri, Kamel Nacif y muchos otros vinculados a esa causa, misma que se ganó en tribunales, y por eso varios se dieron a la fuga, como fue el caso del propio exgobernador. “¿A qué le tenía miedo cuando se dio a la fuga, si no es que era culpable?”.
Cacho Ribeiro afirmó que en el año 2003 prometió a las víctimas que no cedería ante la violencia y las amenazas hasta ganar el caso, pues su batalla no es individual, sino colectiva.
Al referirse a los alegatos de la defensa del exmandatario, que entre sus pruebas citó fragmentos de las llamadas telefónicas para desacreditar el proceso, la periodista sostuvo que omite las partes más importantes. Recordó que Marín acudió voluntariamente al noticiero de Televisa para hablar de esas llamadas, y que el propio Kamel Nacif declaró en medios que habían sido grabadas por su esposa, que eran verdaderas y que el gobernador era su amigo y le había hecho el favor.
“Me parece ridículo y absurdo que en un juicio de nivel internacional por torturarme, la defensa y usted miren para otro lado cuando yo le estoy hablando. Omiten que su protección estaba vinculada a la explotación sexual de niñas y niños no solo mexicanos, sino de otros países”, sostuvo.
Cacho encaró a Marín: “Usted sí tiene que leer su defensa en papel. Yo no necesito leer nada para decirle que usted es responsable de haberme torturado. Los policías hablaban de usted y de las órdenes que les iba dando por teléfono, y cuando dijeron ‘cambio de planes, tenemos que llevarla viva’, fue porque recibió una llamada. Usted lo sabe muy bien”.
“Usted ordenó mi castigo, lo celebró, se burló junto con Kamel Nacif. Me mandó dar lo que él llama un coscorrón y nosotros y el derecho llamamos tortura, para castigarme por ser buena periodista, buena defensora de la niñez y ciudadana valiente”, añadió.
Antes de culminar su participación, anunció que entregará un escrito en el que solicitará la reparación integral del daño, con la exigencia principal de que Marín Torres le pida disculpas públicas por haber ordenado su tortura y detención ilegal, y que también se disculpe con la sociedad poblana.
“Estamos hartas y hartos de que una sola ciudadana tenga que poner el cuerpo, la voz y la dignidad para defender a las víctimas mientras el Estado persigue, atropella y viola sistemáticamente”, expresó.
“Este no es un caso mediático porque yo soy Lydia Cacho. Soy conocida porque dije la verdad y el aparato del Estado me castigó. El gobernador está tras las rejas y huyó porque sabe que es responsable de una red que protege a la delincuencia organizada y a las redes de trata”, concluyó.
Previo a la intervención de la periodista, y con un audio muy deficiente, Marín Torres aseguró que su única participación en los hechos fue la autorización de dos llamadas al Poder Judicial para que se peleara dentro del estado. Explicó que la primera fue un domingo, alrededor de las 15:30 horas, para atender un evento de la Procuraduría, y que más tarde se le comunicó que efectivamente se había cumplimentado una orden por difamación y calumnias; la segunda, entre las 19:30 y las 20:00 horas, fue para pedir que la atención fuera brindada preferentemente por mujeres, para que la detenida se sintiera más cómoda.
Además, argumentó que no hay prueba idónea y contundente que demuestre que él instigó, ordenó o forzó a los policías judiciales que participaron en la detención y traslado de Cacho para que le infligieran tortura física o psicológica. “En ninguna de las declaraciones de los policías que intervinieron en la detención y traslado, ni de sus mandos superiores, se acredita que yo haya dado órdenes o instrucciones para causarle a la repetida dolores y sufrimientos graves”.
Como parte de su defensa, citó un dictamen pericial del 14 de noviembre de 2006 de la entonces PGR sobre la conversación telefónica atribuida a él y a Kamel Nacif, así como la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo 143/2021 y la resolución del 4 de enero de 2025 en el amparo directo 2022, en las que, según su versión, se estableció que de la conversación no se desprende que hubiera instruido darle un escarmiento o causarle dolores como castigo por el libro “Los demonios del Edén”.
Por lo anterior, pidió que se actualice la figura de cosa juzgada refleja, porque ya existiría un pronunciamiento previo sobre los mismos hechos, el mismo delito y el mismo imputado. “El principio de presunción de inocencia exige que sea el Ministerio Público quien soporte la carga de probar, más allá de toda duda razonable, la intencionalidad. No hay pruebas idóneas suficientes para destruir la presunción de inocencia”, concluyó al pedir una sentencia absolutoria.
En contraparte, el Ministerio Público Federal sostuvo que quedó acreditado que Marín Torres, en su carácter de gobernador de Puebla y en la cúspide de una estructura gubernamental de poder, participó como autor mediato a través de sus subordinados de la entonces Policía Judicial de Puebla, y que, con motivo de la publicación del libro, se cumplimentó una orden de aprehensión en Cancún y durante el traslado de 20 horas a Puebla se ejerció contra la periodista violencia psicológica y moral, verbalizaciones hostiles, amenazas de muerte, suspensión de tratamiento médico, exposición a cambios bruscos de clima, ropa inadecuada, falta de líquidos y alimentos, y espacio reducido en el vehículo.
Agregó que ya en Puebla se permitió que un hombre la empujara, le jalara el pelo, golpeara su cabeza contra la pared y le tocara el cuerpo, por lo que pidió imponer la pena máxima, con perspectiva de género, por tratarse de una mujer periodista agredida por ejercer su libertad de expresión.
También solicitó que se tome en cuenta la condena de 2018 de la ONU contra el Estado mexicano por este caso y que se valore el comportamiento posterior del imputado, como las violaciones al reglamento interno del penal de Benito Juárez que provocaron su traslado al Altiplano y la revocación del cambio de medida cautelar por riesgo de sustracción. Pidió, además, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, la amonestación pública y la reparación integral del daño.
La defensa del imputado citó seis pilares de invalidez e insuficiencia probatoria que, a su juicio, desvirtúan la acusación; la defensa de la víctima insistió en la culpabilidad del exgobernador.
Al cierre de la audiencia, la jueza anticipó que la resolución de fondo se emitirá a la brevedad posible, en cuanto las cargas de trabajo lo permitan. La juez tiene un plazo máximo de 60 días para dar a conocer su sentencia, luego de estudiar los 66 tomos del caso.
Fotos: Palco Noticias
