Tampico, Tamaulipas, 29 de abril de 2025 —
El operativo federal considerado el mayor golpe contra el huachicol en lo que va del sexenio, realizado a finales de marzo en el puerto de Tampico, Tamaulipas, ha generado controversia luego de que la empresa Intanza, presunta importadora del combustible asegurado, reclamara que el volumen decomisado fue más del doble de lo reportado oficialmente.
El Gobierno federal informó en su momento el aseguramiento de 10 millones de litros de combustible ilegal que arribaron el 19 de marzo desde Texas a bordo del buque Challenge Procyon. Sin embargo, Intanza presentó cuatro amparos en los que asegura que en realidad le fueron confiscados 20.6 millones de litros, etiquetados como “aditivo” para aceites lubricantes.
La empresa entregó como respaldo una factura emitida por la compañía texana Hevi Transport LLC, así como un pedimento de importación fechado el 18 de marzo. El documento cita como dirección de la empresa un modesto departamento ubicado en Avenida Luis Elizondo 335, colonia Altavista en Monterrey, a escasos metros del Tecnológico de Monterrey.
Según registros aduanales, Intanza ha estado importando aditivos a granel desde octubre de 2023, incluyendo un cargamento de 19 millones de litros ingresado por el puerto de Guaymas, Sonora.
La situación se complica aún más tras una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que reveló que Francisco Javier Antonio Martínez, director de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, mantiene vínculos empresariales con los accionistas de Intanza, Ramiro Rocha Alvarado y Ricardo Ayón Rodríguez.
De acuerdo con MCCI, los tres figuran como socios en la empresa Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure. Cabe destacar que Martínez asumió su cargo en ASIPONA en marzo de 2024, tan solo un mes antes de que Intanza realizara su primer ingreso de aditivos al puerto de Tampico.
El caso pone en duda la transparencia del control portuario y plantea nuevas interrogantes sobre la magnitud del contrabando de combustibles disfrazado de productos industriales. Mientras tanto, el proceso judicial promovido por Intanza continúa en tribunales federales.
