Ciudad de México, 1 de mayo de 2025 — Diversas organizaciones civiles presentaron formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) las primeras denuncias contra 11 aspirantes a cargos en el Poder Judicial, acusados de tener presuntos nexos con el crimen organizado y con Naasón Joaquín García, ex líder de la iglesia La Luz del Mundo, condenado por abuso sexual y lavado de dinero en Estados Unidos.
Estas denuncias se dan a conocer tras la reciente resolución del Consejo General del INE que permite cancelar candidaturas judiciales si se comprueba que los aspirantes cuentan con órdenes de aprehensión vigentes, tienen suspendidos sus derechos políticos, han sido sentenciados por violencia o incumplen con obligaciones alimentarias.
Entre los casos denunciados destaca Francisco Herrera Franco, conocido como el “Fiscal de Hierro”, aspirante a juez en Michoacán y ex fiscal regional, a quien se le vincula con grupos del crimen organizado en la entidad.
También figura Jesús Humberto Padilla Briones, quien busca ser juez penal en Nuevo León y fue detenido en 2023 con un arma de fuego y 17 dosis de droga. Otro señalado en la misma entidad es Fernando Escamilla Villarreal, aspirante a juez en el sistema penal acusatorio, identificado como abogado de dos líderes del cártel de “Los Zetas”: Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, y Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”, ambos extraditados a Estados Unidos.
En Sonora, Andrés Montoya García, aspirante a magistrado del Tribunal de Apelación, es hermano de José Antonio Montoya García, ex policía judicial acusado de ser el autor material de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005.
Asimismo, siete aspirantes han sido señalados por su cercanía con Naasón Joaquín García, entre ellos Madián Sinaí Menchaca Sierra, Karina Sánchez, Eluzai Rafael, Job Daniel Wong Ibarra, Cesiah Keren León Rocha, Betzabeth Almazán Morales y Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza.
Las organizaciones demandan que el INE investigue a fondo los antecedentes de los candidatos y actúe conforme al nuevo marco legal, que busca garantizar la integridad y legitimidad de quienes aspiren a impartir justicia en el país.
Hasta el momento, el INE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la admisión o resolución de estas denuncias.
