Ciudad de México, 1 de mayo de 2025 — Aunque a nivel federal ya está establecida la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, al menos 12 entidades del país no han homologado sus leyes estatales con esta disposición, advirtió José Antonio Ruiz, oficial nacional de Protección a la Infancia de Unicef en México.
Durante su participación en el foro “Las Uniones Infantiles Tempranas y/o Forzadas en México”, Ruiz recordó que el artículo 43 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a adoptar medidas para erradicar prácticas nocivas como el matrimonio infantil o las uniones forzadas, así como a garantizar que ninguna persona menor de 18 años pueda casarse, bajo ninguna circunstancia.
No obstante, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán aún no han armonizado sus legislaciones locales con el marco federal.
“Las regulaciones en los códigos civiles o familiares son dispares”, explicó Ruiz. “En muchos casos, no se contempla la nulidad de los matrimonios por falta de edad mínima, ni se consideran impedimentos legales o sanciones penales para quienes promuevan o autoricen este tipo de uniones”.
El representante de Unicef también destacó que solo Aguascalientes y Durango cuentan con leyes estatales que establecen la responsabilidad de sus autoridades para prevenir los matrimonios infantiles y uniones tempranas.
Recordó que desde 2019 entraron en vigor reformas al Código Civil federal que eliminaron cualquier dispensa o excepción que permitiera el matrimonio entre menores de edad, pero advirtió que sin la armonización legal y la implementación de políticas públicas integrales, los avances seguirán siendo limitados.
“La erradicación del matrimonio infantil y las uniones tempranas o forzadas requiere de una política pública sólida, que articule los esfuerzos institucionales y que priorice el interés superior de niñas, niños y adolescentes, en la ley y en la práctica”, concluyó.
Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han insistido en que el matrimonio infantil vulnera gravemente los derechos de la infancia, limita el desarrollo educativo y económico de las niñas, y las expone a violencia, abuso y embarazo precoz.
