Ciudad de México, 27 de mayo de 2025 — El Gobierno de México y los empresarios vinculados a Genaro García Luna alcanzaron un acuerdo confidencial para dar por terminado el juicio civil iniciado en 2021 en Miami, Florida, con el que se buscaba recuperar más de 600 millones de dólares presuntamente desviados de contratos públicos durante el sexenio de Felipe Calderón.
En un escrito conjunto presentado ante la jueza Lisa Walsh, de la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la familia Weinberg —Mauricio Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg Pinto y su socio Natan Wancier Taub— solicitaron desechar la demanda, ya que el pasado 28 de febrero firmaron un acuerdo que requiere la realización de procedimientos legales en México.
“El acuerdo requiere que las partes lleven a cabo ciertos procedimientos legales en México”, señala el documento. La jueza Walsh solo mantendría jurisdicción sobre el caso para asegurar el cumplimiento del acuerdo.
Como parte del trato, los Weinberg acordaron colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) bajo un criterio de oportunidad, lo que les permitiría evitar cargos penales a cambio de convertirse en testigos y pagar una reparación del daño. No obstante, las audiencias correspondientes, que estaban agendadas para esta semana en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, fueron aplazadas por el juez Gregorio Salazar Hernández y podrían reprogramarse para la próxima semana.
El juicio civil en Miami nunca llegó a la etapa de juicio con jurado. El litigio se centraba en 28 propiedades en Florida compradas por empresas fachada de los Weinberg, de las cuales al menos 18 ya han sido vendidas por más de 28 millones de dólares —12 antes del juicio y seis durante el proceso. Estos recursos serán utilizados para cubrir parte de la reparación del daño, en el marco del acuerdo con la FGR.
El caso de García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública de México de 2006 a 2012, sigue marcando escándalos a nivel internacional. El ex funcionario fue sentenciado en febrero a 38 años de prisión en Nueva York por proteger al Cártel de Sinaloa. La semana pasada, la jueza Walsh condenó también a García Luna y a su esposa, Linda Pereyra, a pagar más de dos mil millones de dólares tras no responder a la demanda de la UIF. Sin embargo, las autoridades mexicanas admiten que esa suma es prácticamente irrecuperable.
Hasta el momento, el Gobierno mexicano ha logrado recuperar al menos 2.8 millones de dólares mediante la venta de propiedades asociadas a la red de García Luna, además de 330 mil dólares pagados por el ex subsecretario de la SSP, José Francisco Niembro, otro de los implicados.
Este nuevo acuerdo representa un avance para la UIF en su estrategia de recuperación de activos y combate a la corrupción transnacional vinculada al sexenio calderonista.
