Atizapán / Coyoacán, México — 28 de mayo de 2025
Pese a las restricciones legales que prohíben la intervención religiosa en procesos electorales, la aspirante a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, Maricela Reyes Hernández, promovió su candidatura durante una misa dominical en una iglesia de Atizapán, con la participación activa del sacerdote de la comunidad.
Durante su intervención en una parroquia de Santa Cruz —su lugar de origen, según afirmó— Reyes pidió abiertamente el voto a su favor al público presente:
“Ustedes van a encontrar en una boletita color azul, con el número 20, puedan apoyar a su paisana”, expresó ante una congregación con el templo lleno.
Acto seguido, el sacerdote Eduardo Velázquez tomó el micrófono para apoyar públicamente a la candidata:
“Ellos imparten justicia a nivel nacional, por eso quise hacer esto para que también la comunidad sepa, ella es la única de aquí de Santa Cruz”, dijo, en clara contravención de las disposiciones electorales vigentes.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su Artículo 380 que los aspirantes deben rechazar cualquier tipo de apoyo proveniente de organizaciones religiosas. Además, el Artículo 455 tipifica como infracción el hecho de que ministros de culto inciten al voto por un candidato o candidata.
La controversia se suma a otro acto reciente que pone en entredicho la imparcialidad del proceso: en la Ciudad de México, el diputado local del PAN, Ricardo Rubio, promovió a Paola Morales, también aspirante a magistrada, durante una asamblea vecinal en la colonia Las Campanas, en la Alcaldía Coyoacán.
Durante su participación, Rubio presentó a Morales como candidata a una magistratura civil e invitó a los presentes a escucharla, aunque reconoció implícitamente el riesgo legal de hacerlo:
“Les quiero presentar a la maestra Paola Morales, candidata a magistrada civil… les pido amablemente que se vengan para acá para poderla escuchar”, dijo, mientras se observaban pendones alusivos al Congreso de la CDMX.
Ambos casos podrían ser investigados por autoridades electorales y judiciales por contravenir la normatividad que garantiza la neutralidad institucional y religiosa en los procesos de selección de magistraturas. Hasta el momento, ni el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ni el Congreso capitalino han emitido posicionamientos oficiales.
