Mérida, Yucatán.– La libertad de expresión en México enfrenta nuevas amenazas, luego de que se encendieran las alarmas en Campeche y Puebla por acciones judiciales y legislativas que diversas organizaciones defensoras de derechos humanos califican como un ataque directo a la prensa y al derecho a opinar libremente.
En Campeche, un juez vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del periódico Tribuna, y al representante legal de Organización Editorial del Sureste, Isidro Yerbes, acusados de presunta incitación al odio y violencia contra la Gobernadora Layda Sansores.
En una audiencia de más de nueve horas celebrada el viernes 13 de junio, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada impuso una medida sin precedentes: prohibió a González Valdez ejercer su labor periodística durante dos años. Además, fue condenado a pagar 2 millones de pesos por daño moral al director de Comunicación Social estatal, Whalter Patrón Bacab.
Esto, a pesar de que la defensa del periodista presentó documentación oficial que prueba su jubilación desde 2017, y negó que ocupe cargos directivos en el medio de comunicación. No obstante, la jueza lo encontró responsable de ordenar publicaciones presuntamente ofensivas contra la Gobernadora.
Además, González deberá cumplir con medidas cautelares, incluyendo firma periódica ante las autoridades. Cabe recordar que el periodista fue detenido el 9 de abril tras intervenir en un incidente vial, donde resultó lesionado durante un operativo policiaco. Desde entonces, ya estaba sujeto a restricciones para opinar públicamente sobre Sansores y otros funcionarios, impuestas por la Fiscalía estatal.
En Puebla, por otro lado, este viernes entró en vigor la llamada “Ley Censura”, oficialmente conocida como Ley de Ciberseguridad, promovida por el Gobierno morenista de Alejandro Armenta. Esta reforma al Código Penal tipifica como delito el “ciberacoso”, imponiendo penas de hasta tres años de prisión por insultos o ofensas en redes sociales.
Organizaciones como Artículo 19 y Sociedad Civil México advirtieron que la legislación podría utilizarse para reprimir la crítica hacia autoridades y acallar voces disidentes, abriendo la puerta a criminalizar opiniones en plataformas digitales.
Ambos casos han generado una fuerte respuesta entre defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, quienes exigen respeto al derecho constitucional de libertad de expresión y revisión inmediata de estas medidas que podrían marcar un retroceso preocupante para la democracia mexicana.
