Ciudad de México — Entre los 26 reos extraditados ayer de México a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico, secuestro, homicidio, tráfico de armas, lavado de dinero y tráfico de personas, figuran líderes de alto perfil de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste y un presunto cabecilla de una red internacional de contrabando de migrantes.
La lista incluye a Abigael González Valencia, alias El Cuini, uno de los máximos líderes de Los Cuinis, brazo financiero del CJNG, acusado de mover toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos. También a Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, señalado como operador principal de laboratorios clandestinos de metanfetamina en la Sierra Madre.
Entre los extraditados figuran Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, jefes de seguridad de Los Chapitos, responsables de proteger laboratorios de fentanilo y escoltar a líderes de la facción, así como Leobardo García Corrales, presunto traficante de fentanilo y armas de grado militar, vinculado a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
También fueron entregados Luis Raúl Castro Valenzuela, acusado de secuestrar a un ciudadano estadounidense; Servando Gómez Martínez, La Tuta, exlíder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios; y Pablo Edwin Huerta Nuño, El Flaquito, jefe de plaza en Tijuana, señalado por suministrar miles de kilos de metanfetamina, fentanilo y cocaína a células en California.
Fuera del ámbito del narcotráfico, destaca la entrega de Abdul Karim Conteh, originario de Sierra Leona, presunto líder de una organización que introdujo de manera ilegal a miles de migrantes de países como Irán, Afganistán, Somalia y Turquía a Estados Unidos a través de México, cobrando tarifas de hasta decenas de miles de dólares.
Asimismo, fue extraditado Roberto Salazar, buscado por el asesinato del alguacil adjunto del Condado de Los Ángeles, Juan Escalante, ocurrido en 2008.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, todos los extraditados enfrentan procesos en distintas cortes federales, con penas que van desde 45 años de prisión hasta cadena perpetua. Entre las jurisdicciones figuran los distritos de Arizona, Nueva York, Texas, California, Virginia, Georgia, Massachusetts y el Distrito de Columbia.
Las autoridades estadounidenses subrayaron que el operativo se realizó con el compromiso de no solicitar la pena de muerte y forma parte de un esfuerzo conjunto contra el crimen organizado transnacional.
