CIUDAD DE MÉXICO, 27 de agosto.- El optimismo en algunos sectores del Gobierno mexicano duró poco. Mientras se apresuraban a celebrar que Ismael “El Mayo” Zambada no colaboraría con las autoridades estadounidenses, el propio capo firmó un acuerdo de culpabilidad en el que se compromete a revelar toda la información y bienes que posea antes de su sentencia, programada para el 13 de enero de 2026.
Contra lo que declaró su abogado —que “la información del Chapo se queda con el Chapo”— el documento oficial establece que Zambada deberá entregar no solo sus activos, sino también detalles que podrían convertirse en un arsenal de inteligencia para Washington. El plazo vence en noviembre de este año, 60 días antes de su audiencia final.
El riesgo no es menor: durante su proceso, Joaquín “El Chapo” Guzmán confesó que el Cártel de Sinaloa sobornó a militares, policías y políticos entre 1980 y 2024, incluyendo a integrantes del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bajo ese antecedente, lo que “El Mayo” aporte puede sacudir a las élites mexicanas y dejar en entredicho los discursos triunfalistas.
El periodista Jorge Fernández Menéndez advierte que, aunque Zambada no ventile públicamente nombres, el material que entregue puede ser usado por Estados Unidos tanto en juicios como en negociaciones políticas. “El arsenal de información que tiene alguien como Zambada es importantísimo. Parte puede judicializarse y otra servir para presionar a gobiernos o personajes de interés”, explicó en entrevista radiofónica.
En su acuerdo, Zambada aceptó cadena perpetua, renunció a apelar y garantizó que revelará cualquier activo oculto. Pero más allá del dinero, lo que preocupa es el valor político de sus revelaciones: podrían desnudar décadas de complicidades y sobornos en todos los niveles de poder en México, incluyendo los más recientes.
