CIUDAD DE MÉXICO, 1 de septiembre.- A partir de este lunes, el Poder Judicial de la Federación operará con alrededor del 50 por ciento de jueces y magistrados suplentes, luego de la reforma que estableció la elección por voto popular para Jueces, Magistrados y Ministros.
De las mil 711 plazas existentes, solo 830 seguirán a cargo de juzgadores designados mediante concursos de oposición, mecanismo vigente desde 1995 hasta antes de la reforma.
El pasado 1 de junio se sometieron a elección 863 cargos. De ellos:
487 juzgadores rechazaron participar, por lo que han renunciado o se jubilaron desde finales de 2024. Quienes permanecían en funciones dejaron el cargo el 31 de agosto.
Dentro de este bloque se encontraban 332 magistrados de circuito, que cumplían con los requisitos de antigüedad para jubilarse y acceder a una pensión complementaria.
376 jueces y magistrados sí participaron en la elección, pero solo 80 resultaron electos (21.2%): 25 de 145 magistrados y 55 de 231 jueces. Los 296 restantes tuvieron que dejar sus puestos, en cumplimiento constitucional.
Otro bloque lo conforman las 848 plazas no sorteadas, que se someterán a elección en 2027. Sin embargo, en este grupo ya se han generado 98 vacantes (93 magistrados y 5 jueces de distrito), que no podrán cubrirse con titulares hasta ese año. En tanto, los órganos respectivos serán atendidos por secretarios en funciones, como es costumbre en el Poder Judicial, aunque en esta ocasión por un periodo de hasta dos años.
En total, continuarán en funciones 750 jueces y magistrados que no fueron sorteados este año, más los 80 que ganaron en las urnas, lo que representa el 48.5% del total de plazas. El resto estará ocupado por jueces y magistrados electos, algunos con experiencia previa en el Poder Judicial o en tribunales estatales y administrativos, y otros sin antecedentes en la labor judicial.
Hace tres semanas, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) intentó retener a un centenar de juzgadores obligados a dejar el cargo el 1 de septiembre, quienes solicitaron permanecer aludiendo “situación de vulnerabilidad”.
El acuerdo no prosperó al no alcanzar los cinco votos necesarios. Según explicó la ministra presidenta Norma Piña, tres consejeros propusieron reasignar a esos juzgadores a plazas vacantes de 2027, pero la votación se dividió.
“La Constitución establece que quienes fueron sorteados para la elección de 2025 deben dejar el cargo el 31 de agosto si no ganaron o si decidieron no participar”, señaló Piña. “Lo que se pretendía era cambiarlos a plazas de 2027, pero eso significaba ir en contra de la voluntad ciudadana expresada en las urnas”.
