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Inicio » Del IPAE al AGEPRO: cómo se heredó el saqueo y se fabricaron los nuevos millonarios de Quintana Roo

Del IPAE al AGEPRO: cómo se heredó el saqueo y se fabricaron los nuevos millonarios de Quintana Roo

Por Julio César Silva Cetina

31 octubre, 2025
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La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) nació supuestamente con la idea de sustituir al Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE), un organismo que el gobierno de Carlos Joaquín González calificó como “profundamente corrupto”.

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Y razón no le faltaba al hoy embajador de México en Canadá: durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, el IPAE se utilizó para rematar predios de alto valor turístico a amigos y familiares a precios irrisorios, pero su invento le salió igual o peor.

En aquel sexenio de Borge se “vendieron” terrenos a cero pesos a Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett Díaz, entonces director de la CFE, y a su hijo León Manuel Bartlett Álvarez.

Claudia Romanillos Villanueva, directora del IPAE durante gran parte del gobierno borgista, fue acusada de cohecho, peculado y uso ilícito de la función pública.

Aunque la administración de Carlos Joaquín inició procesos en su contra, Claudia Romanillos evadió los juicios con amparos y otros recursos legales. Con el tiempo, su cercanía con los Bartlett parece haber rendido frutos: todos sus problemas judiciales se esfumaron.

A excepción de Borge, que sigue en prisión, todos los exfuncionarios perseguidos judicialmente “arreglaron” sus casos, en acuerdos extrajudiciales con el gobierno de Carlos Joaquín sellados bajo la opacidad.

El IPAE fue creado en 2005, durante la administración de Félix González Canto, como un organismo público descentralizado encargado de administrar, conservar y enajenar los bienes del Estado. Absorbió facultades y patrimonio de instituciones como el Fideicomiso Caleta Xel-Há y del Caribe (Fidecaribe) y el Inviqroo, que atendía la demanda de lotes para vivienda popular.

El Fidecaribe, establecido en 1973, antes de la creación del estado, tenía el propósito de impulsar el desarrollo turístico del Caribe mexicano. Se le asignaron extensas tierras en lo que hoy es la Riviera Maya, incluyendo el polígono donde se ubica Xel-Há.

La integración del Fidecaribe y el Inviqroo en el IPAE concentró en una sola institución la gestión de predios turísticos y sociales, pero en los hechos la atención a la vivienda popular desapareció. Ese vacío abrió paso a la venta indiscriminada de terrenos ejidales y a la proliferación de colonias irregulares, una bomba de tiempo que sigue creciendo alrededor de las principales ciudades del estado.

Con la promesa de acabar con esa corrupción, el gobierno de Carlos Joaquín creó la AGEPRO, pero lejos de romper con las viejas prácticas, las institucionalizó con nuevos nombres y rostros.

Y desde el arranque todo empezó mal: su primer director fue Eduardo Ortiz Jasso, quien en 2014 había sido inhabilitado por cinco años por irregularidades en el Instituto Municipal de Planeación de Benito Juárez (IMPLAN). A pesar de ese antecedente, en 2017 Joaquín lo nombró al frente de la nueva agencia. Una ciudadana impugnó el nombramiento, pero un juez desechó la queja por “falta de interés jurídico”.

En 2022, Ortiz Jasso fue señalado por irregularidades en el proyecto del puente vehicular Nichupté, y la solución fue removerlo del cargo para nombrarlo director del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, hasta el final del sexenio.

Durante todo ese tiempo nunca se supo con claridad qué pasó con el patrimonio estatal: cuántas hectáreas se vendieron, a quiénes, ni a qué precio.

Hoy, Ortiz Jasso presume vida de nuevo rico, con oficinas en Lisboa y una nueva imagen pública como “empresario con responsabilidad social”. En Portugal acaba de firmar la compra de la Quinta das Baldrucas, una propiedad histórica valuada en 2.7 millones de euros, y en Valladolid, Yucatán, es dueño de la Hacienda Cosil, una lujosa finca que se renta para bodas.

Los antecedentes del IPAE y de Ortiz Jasso en la AGEPRO demuestran que la corrupción en Quintana Roo no se combate cambiando siglas, sino transformando estructuras.

La promesa de una agencia moderna y transparente se diluyó, mientras el Estado pierde millones en patrimonio y oportunidades de desarrollo justo.

El fantasma del IPAE sigue vivo, solo aprendió a usar un traje nuevo.

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