En el papel suena bien. Arranca aplausos del populacho.
Poner un límite —del 0.7% del presupuesto estatal a los congresos— parece una medida de orden en un país donde el gasto legislativo ha sido cuestionado durante años.
Y sí, en algunos casos es necesario.
Hay congresos que, en proporción al presupuesto total de su estado, ejercen un gasto difícil de justificar.
Pero el problema es que esta propuesta presidencial que ya llegó al Senado, no es una transformación de fondo.
Es apenas un ajuste superficial. Incluso, si somos estrictos, podría ser hasta un retroceso, pues trastoca el concepto de federalismo, ya que pretende controlar la forma como un Poder de un estado libre y soberano ejerce el gasto.
Es como si alguno de nosotros quisiera controlar la forma como un primo ejerce el gasto en su hogar.
Pero además, ¿con qué criterio se decidió que fuese el 0.7%? Porque si bien pudiera decirse que es un porcentaje uniforme, no representa los mismos pesos y centavos en todos lados.
Y tampoco acabaría con las disparidades que hay entre el costo de un congreso y el de otro, que critico con la rudeza la Presidenta.
Por ejemplo, en la Ciudad de México, ese porcentaje representaría más de 2 mil 200 millones de pesos y en Quintana Roo, ronda los 350 millones. Seis veces menos.
Pero lejos de reducir el gasto en la capital del país, se les aumentaría, pues su presupuesto actual es de casi $1,900 millones de pesos.
En cambio, para los legisladores quintanarroenses significaría una reducción de casi 150 millones de pesos.
Y, sin embargo, ambos congresos tienen que hacer prácticamente lo mismo: legislar, fiscalizar, operar comisiones, sostener estructuras administrativas.
Es decir, legislar tiene un costo base… que no depende del tamaño del estado.
Ahí es donde la propuesta muestra su debilidad.
Porque mientras en algunos estados puede frenar excesos, en otros puede terminar asfixiando la operación legislativa.
El problema de fondo es otro.
En México no existe un modelo claro de cuánto debería costar un congreso.
Tampoco hay reglas homogéneas sobre cuántos diputados debe haber según la población.
Hoy, la mayoría de los estados tiene alrededor de 25 legisladores… sin importar si tienen un millón o casi cuatro millones de habitantes.
Eso provoca distorsiones evidentes.
Hay estados donde un diputado representa a 150 mil personas… y otros donde representa apenas a 27 mil.
Si de verdad se quiere transformar el sistema, la discusión debería ir más allá de un porcentaje.
Habría que definir, primero, cuántos habitantes debe representar cada diputado…
y a partir de ahí, construir congresos más equilibrados y presupuestos más justos.
Porque sin ese análisis de fondo, cualquier tope será solo eso: un maquillaje, solo un discurso para arrancar aplausos efímeros.
