CIUDAD DE MÉXICO, 1 de mayo.- La Fiscalía General de la República calificó de infundada la solicitud de extradición de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios oficialistas.
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó este viernes la solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve políticos de la misma corriente oficialista. La institución argumentó que, hasta el momento, Estados Unidos no ha presentado evidencias sólidas que sustenten los presuntos nexos con el narcotráfico.
Falta de fundamentos y pruebas
Durante una conferencia de prensa, Raúl Jiménez, titular del área de asuntos internacionales de la fiscalía, fue tajante al señalar que la petición proveniente de la Fiscalía Federal en Nueva York carece de sustento inmediato para proceder con una captura.
“No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional”, afirmó Jiménez.
Ante esta situación, el Gobierno de México solicitó formalmente a través de la Cancillería que las autoridades estadounidenses entreguen el expediente completo, incluyendo informes y documentos, para valorar si realmente existen elementos probatorios contra los señalados.
El proceso legal: El obstáculo del fuero
Incluso si la FGR encontrara motivos para proceder tras revisar las pruebas solicitadas, el camino legal no sería inmediato. Al tratarse de un mandatario estatal en funciones:
Desafuero: Se debe solicitar a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal (fuero) de Rocha Moya.
Alcance de la acusación: La denuncia de Nueva York involucra no solo al gobernador, sino también a un senador, un alcalde y otros siete funcionarios, acusándolos de colaborar con el Cártel de Sinaloa en la distribución masiva de narcóticos.
Tensión diplomática en la era Trump
Este caso representa una sacudida sin precedentes para el oficialismo mexicano, al ser la primera vez que se señala a funcionarios de este rango en activo. La presidenta Claudia Sheinbaum ya había adelantado su postura el pasado jueves, exigiendo pruebas “irrefutables” a Washington.
El conflicto estalla en un momento crítico de la relación bilateral:
Exigencias de Washington: El presidente Donald Trump mantiene una presión constante sobre México para mostrar resultados contundentes contra el tráfico de drogas.
Revisión del T-MEC: El escándalo coincide con los preparativos para la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Por ahora, el gobernador Rocha Moya se mantiene en su cargo mientras la FGR espera la respuesta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
