Con la intención de construir una justicia más cercana, humana y con impacto real en la vida de las personas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso en marcha en Cancún los “Diálogos por la Justicia Abierta”, un ejercicio que busca estrechar la relación entre el Poder Judicial y la sociedad mediante espacios de participación, escucha activa y retroalimentación.
La iniciativa plantea que las sentencias, resoluciones y criterios judiciales no permanezcan aislados del contexto social, sino que se reflejen en el tejido comunitario, de manera que niñas, niños, personas con discapacidad, mujeres y sectores históricamente vulnerados se reconozcan como parte del sistema de justicia y no como simples espectadores.
A través de la Dirección General de Atención y Participación Social, encabezada por Karina Regalado, se convocó a personas juzgadoras federales y locales, integrantes de la comunidad jurídica y barras de abogados para analizar problemáticas que inciden directamente en el acceso a la justicia en México.
Entre los temas centrales destacan las barreras que enfrentan los pueblos originarios para acceder a procesos judiciales, la perspectiva de género en las resoluciones, el matrimonio igualitario, las providencias cautelares en materia laboral, así como los mecanismos alternativos de solución de controversias y asuntos relacionados con alimentos y medidas compensatorias.
El programa contempla una primera etapa que incluye a Quintana Roo, Oaxaca, Baja California, Puebla y Querétaro, como parte de una estrategia nacional iniciada el pasado 9 de junio en la sede del máximo tribunal del país.
La SCJN subrayó que estos encuentros tienen como finalidad recoger experiencias, propuestas y observaciones de quienes interactúan diariamente con el sistema de justicia, para después sistematizarlas y convertirlas en insumos que fortalezcan la impartición de justicia.
Con ello, se busca consolidar un modelo de justicia abierta, transparente y participativa, en el que la ciudadanía deje de percibir al Poder Judicial como un ente distante e inalcanzable.
Los resultados de esta primera fase serán la base para impulsar políticas y acciones orientadas a mejorar el acceso efectivo a la justicia en las distintas regiones del país, privilegiando la escucha social y la construcción colectiva entre instituciones y ciudadanía.
