CIUDAD DE MÉXICO.– Las preguntas y respuestas del interrogatorio realizado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanecerán bajo llave. Según una investigación publicada por el diario El Universal, la Fiscalía General de la República (FGR) clasificó dicha información como reservada por un periodo de cinco años, lo que significa que no podrá ser consultada públicamente sino hasta el año 2031.
El cuestionario, respondido por el mandatario estatal el pasado 26 de mayo de 2026, forma parte de las indagatorias derivadas de los presuntos vínculos con el crimen organizado que el gobierno de Estados Unidos le imputa. Tras la comparecencia, el propio Rocha Moya declaró haber respondido a la agente del Ministerio Público Federal, manifestando su disposición de acudir a los llamados de la autoridad las veces que sea necesario.
Los argumentos de la Fiscalía: Riesgo en la investigación y derechos humanos
De acuerdo con el oficio No. FGR/UETAG/003383/2026, revelado por El Universal, la FGR justificó la negativa de entregar los datos a través de una solicitud de transparencia argumentando un “riesgo real e identificable”.
La dependencia federal detalló que hacer pública la información afectaría directamente el curso legal del caso por tres razones principales:
Exposición de estrategias: Difundir el contenido revelaría las líneas de investigación estratégicas del Ministerio Público de la Federación, las cuales sirven para reunir evidencias y sustentar si se ejerce o no la acción penal.
Capacidad operativa: Comprometería la capacidad de la Fiscalía para llevar a cabo diligencias útiles destinadas a demostrar la existencia del delito y la probable responsabilidad del inculpado.
Vulneración de derechos: La divulgación pondría en riesgo el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas involucradas dentro de la carpeta de investigación.
Sanciones penales para quien filtre los datos
La Fiscalía enfatizó que el personal ministerial tiene la obligación de mantener un “estricto sigilo, secrecía y reserva” de las actuaciones. En el documento se advierte explícitamente que cualquier servidor público que quebrante esta reserva incurrirá en un delito contra la administración de justicia, haciéndose acreedor a las sanciones penales y administrativas correspondientes.
La decisión de blindar el expediente fue ratificada el pasado 25 de junio de 2026 por el Comité de Transparencia de la FGR durante su Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, confirmando el periodo de reserva por un lustro o hasta que se extingan legalmente las causas que le dieron origen.
