CANCÚN, Q. ROO.– Una serie de presuntos maltratos y omisiones al interior de un albergue temporal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Cancún provocó la protesta de un grupo de adolescentes bajo resguardo, encendiendo las alarmas de las autoridades locales y de los organismos defensores de los derechos humanos.
Los hechos se registraron luego de que los menores manifestaran su inconformidad ante las condiciones de estancia y los supuestos abusos verbales o psicológicos ejercidos por parte del personal encargado de su cuidado. Esta situación generó momentos de tensión dentro del inmueble, lo que obligó a desplegar un protocolo de contención y requirió la presencia de las fuerzas de seguridad pública en las inmediaciones del recinto para prevenir incidentes mayores.
Investigación interna y revisión del personal
Ante los señalamientos, la dirección general del DIF municipal informó que se ha iniciado un procedimiento administrativo de investigación interna de manera inmediata. Las autoridades aseguraron que no se tolerará ninguna conducta que vulnere los derechos de la infancia o la adolescencia, por lo que se revisarán los turnos y el actuar de los cuidadores señalados por las víctimas.
Asimismo, psicólogos y personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia acudieron al centro asistencial para entrevistarse directamente con los jóvenes, evaluar su estado de salud emocional y asegurar un entorno pacífico y digno.
Derechos Humanos abre expediente de queja
Por su parte, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) confirmó la apertura de un expediente de queja de oficio para dar seguimiento puntual al caso. Visitadores de la institución asistieron al albergue para verificar que se respeten las garantías individuales de los internos y constatar las condiciones de habitabilidad, alimentación y seguridad del lugar.
El organismo autónomo instó a las autoridades del ayuntamiento de Benito Juárez a colaborar con total transparencia en las indagatorias y a agilizar las medidas cautelares necesarias para garantizar que los menores permanezcan en un espacio seguro mientras se resuelven las denuncias presentadas.
