CANCÚN, 28 de julio.— El Estado mexicano ganó la batalla legal internacional por el cierre de Calica. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, emitió el fallo final del arbitraje promovido por la filial de la estadounidense Vulcan Materials Company y desestimó prácticamente todas sus reclamaciones contra México por la clausura de sus operaciones de extracción de piedra caliza en la Riviera Maya.
El litigio se originó al amparo del entonces vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La empresa presentó su demanda arbitral en diciembre de 2018 y exigía una indemnización de mil 529 millones de dólares más intereses y gastos, bajo el argumento de que, entre enero de 2018 y 2022, autoridades federales y estatales adoptaron medidas que afectaron sus operaciones en el estado.
“El fallo final del Tribunal Arbitral emitido el día de hoy desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica, ocurrida en enero de 2018. Cabe señalar que esta medida representa menos del 1% del monto original reclamado”, informó la Secretaría de Economía.
Un dato no es menor: esa única medida reconocida por el tribunal —la clausura de un predio en enero de 2018— ocurrió todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, antes de la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno federal.
CUATRO DÉCADAS DE EXTRACCIÓN Y COLAPSO AMBIENTAL
Durante casi cuarenta años, la compañía operó al sur de Playa del Carmen bajo concesiones otorgadas por gobiernos anteriores, extrayendo millones de toneladas de material pétreo del subsuelo y de la selva quintanarroense para exportarlo a Estados Unidos, donde se consolidó como proveedor clave de la industria de la construcción.
La crisis estalló ante la evidencia del severo impacto ecológico en la zona norte del estado: la devastación de más de mil 200 hectáreas de selva, la destrucción de cenotes y la alteración irreversible del manto acuífero subterráneo.
En 2022, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador clausuró de manera definitiva las operaciones mineras por la sobreexplotación de los límites autorizados. La empresa respondió activando el arbitraje internacional, alegando una supuesta expropiación ilegal.
Para blindar la región de manera permanente contra futuras actividades extractivas, el gobierno federal decretó posteriormente los terrenos de Calica como parte del Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto.
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Vulcan Materials, por su parte, sostuvo que el tribunal determinó que México violó el TLCAN “en varios aspectos”, aunque sin especificarlos, y reconoció que la indemnización monetaria que le fue otorgada resultó “insignificante”. La cifra permanecerá confidencial hasta la publicación del laudo.
CERTIDUMBRE JURÍDICA
Tras conocerse la resolución, el Gobierno de México refrendó su compromiso con el respeto a las reglas y procedimientos de los tratados internacionales como pilar de la certidumbre jurídica que hace posible el desarrollo económico. Indicó que analiza detalladamente la decisión del tribunal para definir las acciones legales a su alcance y reiteró su apertura a la inversión extranjera que impulse la innovación, los buenos salarios y la protección ambiental.
El fallo cierra —al menos en la vía arbitral— uno de los litigios ambientales más costosos y emblemáticos en la historia de Quintana Roo.
