CIUDAD DE MÉXICO, 29 de octubre — El consejero electoral Arturo Castillo afirmó que los señalamientos contra la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, podrían constituir delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, como enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, aunque aclaró que eso deberá determinarlo la Fiscalía General de la República (FGR), a la que, consideró, se le debe dar vista del caso.
Entrevistado este jueves, tras la salida de Taddei y de 15 funcionarios del instituto en medio de señalamientos de probable corrupción en la asignación de contratos a un proveedor, Castillo explicó que los hechos denunciados en los medios podrían perseguirse de oficio y, conforme al artículo 19 de la Constitución, ameritar prisión preventiva oficiosa.
Recordó que esa medida surgió de una reforma que busca evitar que las personas se sustraigan de la acción de la justicia, y sostuvo que el caso de la exconsejera presidenta es uno en el que, con mayor razón, debería considerarse su aplicación.
El consejero informó que, junto con sus colegas, acordó revisar todos los contratos y licitaciones del INE, incluidos los vigentes, como el de la producción de la credencial para votar, y aseguró que tomarán las medidas necesarias para salvaguardar el desarrollo del proceso electoral.
Añadió que los consejeros pactaron una serie de acciones para avanzar en la depuración de la institución, además de colaborar con las instancias de auditoría. Entre ellas, adelantó la apertura de un buzón para que el personal del instituto pueda presentar denuncias anónimas.
Con información de La Jornada. Foto: INE
