El primer trimestre de este año fue, según estadísticas de organismos de la sociedad civil, el más violento en los últimos 20 años en México.
Durante ese período, siete de cada 10 crímenes fueron perpetrados por el crimen organizado; por lo menos 12 estados se encuentran virtualmente secuestrados por los delincuentes y en otra decena la seguridad pende de alfileres con corporaciones policiacas débiles.
Ese preocupante panorama exhibe la ineficacia en el combate del crimen organizado en por lo menos los últimos tres lustros.
Y la ineficacia no radica solamente en las acciones policiales y en las labores de investigación, sino también en la efectividad de la aplicación de normas jurídicas y todo eso abonan a la impunidad.
México es un país de leyes. De muchas leyes. Es quizá el país con más regulaciones en América Latina. El problema es que no se aplican o se aplican de manera deficiente o discrecional.
En 1999, a mitad de su gobierno, Felipe Calderón Hinojosa promulgó la Ley de Extinción de Dominio con el que se pretendía atacar “con la fuerza del estado” a la delincuencia organizada desde su fuente de financiamiento.
Con esa ley se pretendía en términos llanos confiscar las propiedades de los delincuentes y los recursos que usan para financiarse y operar.
Incluso, se planteó que los recursos que se confiscaran a los delincuentes se usarán para resarcir a las víctimas de sus acciones.
Sin embargo, a nueve años de la promulgación de esa ley no hay evidencia de que se haya aplicado una sola vez.
Poderosos narcotraficantes de quienes se han enlistado propiedades y capacidad financiera han sido detenidos en todo este tiempo, pero no se ha ejecutado una sola acción para eliminarles su capacidad de financiamiento, con la que también corrompen a las autoridades.
Así, sin una aplicación de la legalidad en nada se puede avanzar.
Hoy todo parece indicar que, como otras muchas, la Ley de Extinción de Dominio es letra muerta. ¿Cuàl es la razón?
Platea
Hace un año se planteó una reforma a la todavía no estrenada Ley de Extinción de Dominio, para impulsarla en los estados y ampliar su ámbito de aplicación incluyendo acciones en contra de funcionarios acusados de corrupción.
La iniciativa está en la “congeladora”.
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