Brownsville, Texas, 29 de abril de 2025 —
La empresa Arroyo Terminals, ubicada en el sur de Texas y propiedad de la familia Jensen, está siendo investigada por el Gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de al menos 47 millones de dólares provenientes del contrabando de combustibles robados en México, revelaron documentos judiciales presentados ante la Corte de Distrito de Utah.
De acuerdo con la acusación, la compañía operaba como intermediaria en una red criminal que extraía de manera ilegal hidrocarburos en México, conocidos como “diésel negro”, para luego refinarlos en Estados Unidos y comercializarlos como combustible legal. El producto se obtenía de ductos de Pemex y era ingresado clandestinamente a territorio estadounidense con ayuda de plantas de refinación locales.
“Cualquier empresa que suministre petróleo fuera de la regulación del Gobierno mexicano sólo puede obtener crudo a través de organizaciones criminales mexicanas”, se lee en el expediente. Las autoridades señalan que James Lael Jensen, propietario de Arroyo Terminals, sabía que los pagos realizados beneficiaban a estos grupos delictivos.
El caso se suma a otro proceso judicial abierto en la Corte del Distrito Sur de Texas, relacionado con el denominado “huachicol fiscal”, una práctica en la que gasolina de alta calidad es declarada como combustible de baja calidad al ingresar a México, con el fin de evadir impuestos en aduanas.
El FBI encabezó un operativo la semana pasada en las instalaciones de Arroyo Terminals en Río Hondo, Los Fresnos y Brownsville, donde decomisaron al menos 20 pipas con combustible y documentación relevante.
Como parte de la investigación, el gobierno estadounidense congeló cuentas bancarias y bienes valuados en más de 300 millones de dólares pertenecientes a la familia Jensen, conocida en Utah por su estilo de vida de alto perfil, incluida una lujosa mansión en Sandy, suburbio de Salt Lake City.
Los acusados —James Jensen, su esposa Kelly Anne Jensen y sus hijos Maxwell “Max” Sterling y Zachary Golden— fueron arrestados el pasado miércoles en Utah y puestos en libertad bajo fianza el viernes, tras ser trasladados a Brownsville. Este martes 29 de abril tienen programada una audiencia clave ante la Corte.
Las autoridades estadounidenses continúan investigando los vínculos de esta red con empresas mexicanas que, presuntamente, operan bajo autorización de cárteles del crimen organizado, lo que pone en la mira al complejo entramado de corrupción y tráfico transnacional de combustibles entre México y Estados Unidos.
