San Salvador.— Fiscales del Ministerio Público allanaron ayer las oficinas de la Dirección General de Centros Penales y tres cárceles destinadas para recluir a las pandillas de El Salvador, para incautar documentos que puedan confirmar o desvirtuar las supuestas negociaciones del gobierno con estos grupos criminales.
La Fiscalía General de la República informó en su cuenta oficial de Twitter que “el fiscal general (Raúl Melara), ordenó iniciar investigaciones en torno a noticias recientes sobre nuevas negociaciones con estructuras criminales”.
Un grupo de fiscales ingresó al edificio en compañía del director de Centros Penales, Osiris Luna, pero no hubo declaraciones a los periodistas que no tuvieron acceso al allanamiento simultaneo.
Los fiscales también llegaron a la cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz en la ciudad de Zacatecoluca, a 56 kilómetros al este de la capital. También allanaron la cárcel de Quezaltepeque y 25 kilómetros al oeste y el penal de Izalco a 65 kilómetros al oeste de San Salvador. Las tres cárceles son usadas para recluir a miembros de las tres pandillas más grandes del país: Los Revolucionarios y los Sureños del Barrio 18, y de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Los allanamientos se dan después de que el medio digital El Faro informara de supuestas negociaciones entre el gobierno de Nayyib Bukele y la MS-13, que incluirían beneficios a los pandilleros recluidos a cambio de bajar la cifras de homicidios y favores electorales para el partido Nuevas Ideas, creado por un movimiento fundado por Bukele y encabezado por un familiar suyo. De ser cierto, dijo el fiscal Melara, “los vamos a procesar”.
