CHETUMAL, 31 de enero. – Tras la controversia generada por la reciente reforma al Código Penal y la Ley de Movilidad de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que su gobierno impulsará una nueva reforma para precisar y garantizar el derecho a la libre manifestación pacífica.
A través de sus redes sociales, la mandataria estatal reconoció que la reforma aprobada esta semana podría interpretarse como una acción contra la libre expresión y protesta ciudadana.
Por ello, informó que instruyó al Consejero Jurídico del estado para que presente una contrarreforma ante el Congreso local que deje en claro que la manifestación pacífica es un derecho inalienable.
“Somos un gobierno sensible y democrático, y ese será siempre un derecho”, aseguró la Gobernadora en su mensaje y subrayó que su administración está comprometida con la ciudadanía y con los principios de la Cuarta Transformación.
Las reformas aprobadas recientemente endurecen las penas para delitos cometidos en el ámbito del transporte, incluyendo la persecución de oficio de delitos de daños y lesiones, con el objetivo de proteger a las víctimas que muchas veces temen presentar denuncias.
Específicamente el artículo 182 del Código Penal señala que “al que de cualquier modo dañe, altere, destruya, obstaculice o modifique alguna vía, señalización, aparato, tecnología, instalación, mobiliario de infraestructura vial, medio de comunicación o de transporte destinado a la prestación de los servicios públicos o privados de transporte en cualquiera de las modalidades contempladas en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, que no sean de competencia federal, interrumpiendo o dificultando los servicios, se le aplicará prisión de seis meses a cuatro años y de cincuenta a doscientos días multa”.
Esta es precisamente la parte que se busca modificar con la contrarreforma anunciada por la Gobernadora, para salvaguardar el derecho a la libre manifestación y eliminar cualquier elemento que pueda interpretarse de algún modo para sancionar a quienes realicen protestas callejeras.
Además, la reforma al Código Penal incluyó el nuevo Artículo 107 Bis, que incrementa en un 50% las penas por homicidio y lesiones en el transporte, y establece aumentos adicionales si las víctimas son turistas o menores de edad.
