Cuando el gobierno de Bélgica anunció las primeras medidas restrictivas para frenar la propagación del coronavirus, los ciudadanos lo tomaron a la ligera.
En lugar de escuchar el llamado de #Quédateencasa, miles aprovecharon el sol de primavera del 14 de marzo para visitar la playa, los bosques y las localidades turísticas de la vecina Holanda, en donde restaurantes y cafeterías hasta entonces continuaban abiertos.
Al percatarse que la ciudadanía no acataría el llamado de solidaridad de manera voluntaria, la primera ministra de Bélgica, Sophie Wilmes, en un plazo menor a los cinco días, pasó a la siguiente fase, a la de absoluto confinamiento.
A partir del 18 de marzo, los ciudadanos no fueron invitados a permanecer en su hogar, sino forzados a hacerlo. Desde ese día, los habitantes del reino belga sólo pueden salir del hogar por cuestiones esenciales, como ir al trabajo, la farmacia, el supermercado o la oficina postal.
El encierro fijado hasta el 5 de abril fue extendido al menos hasta el 19 de abril, luego de contabilizar más de 4 mil 500 casos clínicos y 513 defunciones por la enfermedad.
“Tomamos esta decisión porque la situación lo exige. Es el interés de todos los ciudadanos. Nuestro objetivo es frenar la transmisión del virus”, aseguró Wilmes.
La medida adoptada por el gobierno federal estuvo reforzada de llamamientos de la autoridad de la costa y de las policías regionales a “no venir a la playa”.
“Incluso, aunque el tiempo sea bueno, el mensaje es el mismo: mantente alejado del mar”, declaró Carl Decaluwé, gobernador de la provincia de Flandes Occidental, una región ubicada frente al Mar del Norte y que es el destino turístico por excelencia del país.
El gasto total de todos los turistas costeros sumó 3 mil millones de euros en 2017.
Las fuerzas policiacas acompañaron el exhorto con una política de “cero tolerancia” contra aquellos que pretendan incumplir las reglas de “manera ingeniosa”.
Este fin de semana las fuerzas de seguridad volvieron a desplegar operativos por todo el país para identificar infractores, en algunos puntos viales desplegaron retenes, en otros, patrullas y motocicletas, cuya tarea fue rastrear conductores sospechosos.
También la autoridad desplegó drones y estableció comunicación con Google Maps y Waze, aplicaciones que serán eventualmente usadas para tratar rutas alternativas. La fuerza de seguridad montada tuvo la tarea de patrullar las playas.
En los días iniciales al estado de emergencia sanitaria la acción fue preventiva, les pedían a los infractores dar la vuelta y volver a casa, pero al paso de los días se fue ajustando hasta llegar a la sanción. Los infractores se arriesgan a una multa que ha escalado hasta los 4 mil euros.
La mayoría de los procesos abiertos por la policía de la región de la costa son contra personas que decidieron pasar el confinamiento disfrutando de la comodidad de su casa de playa y segundo hogar.
Estas personas están siendo identificadas, a través de cámaras viales de reconocimiento de matrículas y el uso de vehículos no tripulados. Para la policía, son infractores del aislamiento social, puesto que las medidas impuestas únicamente permiten movimientos esenciales, y los desplazamientos a una segunda casa no lo son.
“Las personas que en este momento vienen a la costa son verdaderos idiotas que perturban todo”, declaró Decaluwé a la prensa local Decaluwé.
