“Si no se aprueba… yo cumplí con la gente”
Con esa frase, la presidenta Claudia Sheinbaum parece haber dejado clara la estrategia política detrás de su reforma electoral.
En esa frase, de hecho, podría resumirse toda la jugada.
La iniciativa aún no se conoce a detalle, pero ya ha generado todo tipo de debates y ha encontrado una fuerte resistencia incluso entre el Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados de Morena, el partido de la Presidenta.
Y allí empieza el verdadero problema político.
En esencia, Claudia Sheinbaum busca modificar la forma en que se distribuyen el poder y los recursos dentro del sistema electoral. Pero sus propios aliados, al igual que la oposición, dependen precisamente de las reglas que pretende cambiar.
Por eso las negociaciones se han vuelto complejas. Su iniciativa afecta directamente los intereses de los partidos políticos.
Con la propuesta no solo perderían recursos económicos, sino también una de sus principales palancas de poder: la facultad de designar candidaturas plurinominales, que en muchos casos permite colocar a dirigentes o perfiles cercanos en el Congreso con el mínimo esfuerzo.
Hasta ahora la Presidenta ha sido cuidadosa para evitar una ruptura con sus aliados, quienes han sido clave para mantener el control de las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Pero aquí está su verdadera jugada política:
Mientras evita la ruptura, sus declaraciones parecen preparar el terreno para un eventual naufragio de su iniciativa en el Poder Legislativo.
En los hechos, la estrategia parece clara: intentar ganar políticamente cualquiera que sea el resultado y trasladar el costo político de un posible fracaso al Congreso y a los propios partidos.
Si la reforma se aprueba, incluso con ajustes, Sheinbaum podrá presentarla como el cumplimiento de un compromiso de campaña y como un intento de democratizar el sistema electoral, aun frente a las críticas de autoritarismo o regresión democrática que seguramente le lloverán.
Pero si no se aprueba, la narrativa ya está esbozada: ella cumplió con proponer el cambio, pero los partidos políticos no quisieron renunciar a sus privilegios.
De esta manera traslada la responsabilidad tanto a la oposición como a sus propios aliados que no están convencidos de la reforma, al tiempo que protege su relación con el Verde y el PT al separar el debate legislativo de la coalición electoral rumbo a 2027.
Su estrategia, en suma, parece ser cumplir con la promesa de reforma sin asumir por completo el costo político de un eventual fracaso.
Por eso ha sido tan cuidadosa en sus declaraciones: intenta posicionar el relato antes de que llegue el desenlace, cualquiera que éste sea.
Dicho de otra manera, como decía Vicente Fox:
el Ejecutivo propone… el Legislativo dispone.
