Los poderes del Estado de Quintana Roo, los municipios y los órganos autónomos y descentralizados presentaron ante la XVIII Legislatura sus propuestas de presupuesto 2026, donde se incluyen las Leyes de Ingresos y de Egresos para el próximo año.
Los primeros en cumplir fueron los municipios de Lázaro Cárdenas (a cargo de Josué Nivardo Mena Villanueva), Playa del Carmen (Angy Estefanía Mercado Asencio), Tulum (Diego Castañón Trejo), Felipe Carrillo Puerto (María del Carmen Hernández Solís), Puerto Morelos (Blanca Merari Tziu Muñoz) y José María Morelos (Eric Borges Yam); así como el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), el Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) y la Fiscalía General del Estado. Ayer, al cumplirse el plazo constitucional, llegaron los que faltaban.
Siendo honestos, los presupuestos de los gobiernos y demás instituciones podrían alcanzar, como máximo, un incremento del diez por ciento en relación con lo ejercido en 2025. Además, deberán ingeniárselas ante algunos impuestos, derechos y aprovechamientos que ahora serán enviados a las arcas del Gobierno del Estado, dejando apenas un modesto porcentaje para los municipios.
¿De qué hablo? Primero, el Gobierno del Estado les retiró a los municipios la facultad de expedir licencias de conducir y trasladó esa responsabilidad a su Instituto de Movilidad (Imoveqroo), con todos los privilegios económicos que ello implica. Es decir, los ayuntamientos solo se quedan con un pequeño porcentaje por fungir como “gestores” del cobro. Eso sí, aumentó la burocracia con la creación de delegaciones municipales del Imoveqroo. Lo anterior está publicado en el Periódico Oficial del Estado del 1 de marzo de 2024, numeral 41 Extraordinario, Décima Época, donde los 11 municipios firmaron el acuerdo con el entonces secretario de Finanzas (hoy senador), Eugenio Segura Vázquez.
¿Y qué decir de la intención de cobrar por un estudio de Viabilidad Urbanística? Este documento —a cargo y costo de la persona promovente— debe presentarse ante la Secretaría estatal para obtener el dictamen de viabilidad en la materia. En él se expone, de manera clara y precisa, la magnitud de los impactos o alteraciones que pudiera generar una acción urbanística que, por su ubicación, funcionamiento, complejidad o magnitud, afecte la infraestructura, los servicios públicos, el espacio, la imagen o el paisaje urbanos, o incluso la estructura socioeconómica. Todo esto, en caso de representar un riesgo para la vida, la salud o los bienes de la comunidad, o de implicar un posible desplazamiento paulatino de la población; o bien, una afectación al patrimonio cultural del centro de población. En pocas palabras: se duplica el permiso de construcción que otorga un ayuntamiento.
Otro caso es que, con la nueva modalidad del transporte público, los municipios serán responsables de aplicar las remodelaciones y de vigilar que los empresarios transportistas cumplan con el reglamento. Sin embargo, todo deberá ser revisado por el Imoveqroo, dejando sin facultades a la Dirección de Tránsito Municipal, la cual pasará a ser administrada por el Gobierno del Estado.
Un caso particular donde los municipios tampoco tendrán participación es en la llamada “Ley Chaleco”, mediante la cual el Gobierno del Estado se comprometió a entregar cascos y chalecos con el número de placas impreso a los motociclistas. Hasta ahora, no hay solución.
Ante este panorama, los ayuntamientos deberán ser creativos para incrementar la recaudación del impuesto predial. Si en un municipio de la zona maya la recaudación actual ronda entre el 30 y 40 por ciento, deberán implementar estrategias para que, al menos, el 80 por ciento de los contribuyentes pague. Solo así podrán mitigar la falta de recursos que el Gobierno del Estado les ha retirado. Ahí se las dejo…
SASCAB
Los comunicadores y periodistas que trabajaron, trabajan o trabajarán como voceros de un gobierno o institución pública deben tener cuidado con la información que manejan o que filtran a sus amigos. Lo menciono porque existen casos, como el de Othón P. Blanco, donde la presidenta municipal Yensunni Idalia Martínez Hernández fue exhibida por quien durante un tiempo fue su vocero.
Un caso muy reciente ocurrió en Benito Juárez, donde se presume que la exvocera de la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña filtró información “sensible” y “delicada” de quien fuera su jefa. No cabe duda de que la lealtad dura exactamente lo que dura la nómina. Al tiempo…
