CANCÚN, Q. ROO. — Ejidatarios y propietarios de tierras en el norte de Quintana Roo iniciaron gestiones legales y políticas para exigir el pago de una indemnización justa por las superficies donde actualmente operan los pozos de extracción de agua potable. Los afectados señalan que sus predios han sido utilizados históricamente para el abastecimiento del recurso hídrico hacia la zona urbana y hotelera sin recibir una contraprestación equitativa por el usufructo del suelo.
Exigencia de revisión a los convenios históricos
Los representantes ejidales argumentan que los acuerdos previos, firmados hace décadas, no corresponden a la realidad económica actual ni al valor comercial real de la tierra en la región de Cancún. Detallaron que los pozos subterráneos, esenciales para la infraestructura hidráulica operada por las empresas concesionarias y los organismos públicos, restringen significativamente el uso agrícola, comercial o residencial de los terrenos periféricos debido a los perímetros de salvaguarda ambiental.
Ante este panorama, las asambleas ejidales han conformado comisiones técnicas encargadas de realizar avalúos comerciales actualizados para entablar mesas de negociación formales con las autoridades competentes.
Mesas de diálogo y advertencia de vías legales
Los comuneros enfatizaron que su objetivo principal no es desestabilizar el suministro de agua potable de la ciudad, un servicio catalogado como de seguridad nacional y bienestar social, sino alcanzar un acuerdo conciliatorio y legal de ganar-ganar.
Sin embargo, advirtieron que, de no encontrar apertura por parte de las dependencias estatales y las empresas de agua para ajustar los cánones de arrendamiento o indemnización por expropiación, recurrirán a los tribunales agrarios y de distrito para interponer los recursos jurídicos correspondientes en defensa de sus derechos patrimoniales y colectivos.
