Es la primera decisión sobre un caso individual contra México que emite este órgano; el gobierno federal instaló una mesa de respuesta.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) condenó a México por las torturas cometidas en contra de cuatro hombres por parte de elementos del Ejército en Baja California en junio del 2009. Es la primera decisión sobre un caso individual contra el país que emite este órgano.
De acuerdo con el resolutivo, dado a conocer este fin de semana, el Estado mexicano es responsable de haber cometido tortura en contra de las cuatro víctimas; de no haber tomado medidas eficaces para impedir los actos de tortura durante su detención y arraigo en instalaciones militares; de haber omitido una investigación de oficio, inmediata e imparcial sobre los hechos de tortura; de no haber reparado a las víctimas y sus familiares de los daños que se les ocasionó; y de dictar el auto de formal prisión sobre la base de confesiones obtenidas bajo malos tratos.
Esta determinación derivó de una comunicación contra el Estado mexicano el 15 de marzo del 2012, presentada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), a nombre de Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez.
El 16 de junio, las cuatro personas fueron detenidas sin orden de aprehensión en Playas de Rosarito, estado de Baja California, como principales sospechosos de un secuestro. Durante la aprehensión, el traslado y el arraigo en las instalaciones militares del 28º Batallón de Infantería, ubicadas en la ciudad de Tijuana, fueron sometidos a actos de tortura y malos tratos.
El CAT concluyó que en este caso hubo detención arbitraria, arraigo, uso indebido de la jurisdicción militar y negligencia de la investigación de los delitos.
El Comité de la ONU instó a las autoridades mexicanas a la liberación de los cuatro acusados, quienes actualmente se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social No 4, en Tepic, Nayarit, acusados por secuestro.
También a iniciar una investigación exhaustiva sobre la tortura a la que fueron sometidos y procesar, juzgar y castigar a los responsables, así como conceder a las víctimas una plena reparación del daño y su rehabilitación. Exhorta a eliminar la figura de arraigo y ajustar el Código de Justicia Militar en términos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República instalaron una Mesa de Trabajo ad hoc, integrada por los subsecretarios Roberto Campa Cifrián, Miguel Ruiz Cabañas y el subprocurador Eber Betanzos Torres, el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, así como la abogada Mayra López, representantes de los detenidos, y María Luisa Bascur, de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El Estado mexicano tiene ahora 90 días para enviar información al Comité sobre toda medida adoptada para atender la resolución.
“La decisión también constituye una victoria importante en el combate contra la tortura y por el reconocimiento de las víctimas en México”, indicó el director ejecutivo de la CMDPDH, José Antonio Guevara. “Es una decisión emblemática que recoge la existencia de disposiciones legales y patrones que han permitido la tortura de miles de personas en los últimos años”.
México, objeto de observaciones desde 1997
Desde hace casi dos décadas, México ha sido objeto de observaciones y recomendaciones por el tema de la tortura y tratos crueles por parte de autoridades, en particular para obtener confesiones.
En 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre México, destacó que tortura y los tratamientos crueles siguen siendo utilizados por algunos sectores de las fuerzas de seguridad, en particular en las etapas de detención preventiva e investigación previa, como método para obtener confesiones o intimidación.
En tanto, en 1997, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura indicó que para desterrar esta mala práctica era necesario aplicar procedimientos efectivos de control del cumplimiento de los deberes y prohibiciones por parte de los servidores públicos y de los organismos responsables de la procuración de justicia, en especial de la PGR.
