La Comisión Federal de Competencia (Cofece) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) ejercitar la acción penal en contra de varias personas a las que halló presuntamente responsables de coludirse en licitaciones públicas del sector salud, informó Carlos Mena, titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece (AI-Cofece).
Los concursos públicos en los que se identificó la conducta infractora se efectuaron entre el 2009 y el 2015 y representaron una erogación de recursos públicos federales de 1,200 millones de pesos de forma acumulada.
En su investigación, la AI-Cofece cuantificó en 381 millones de pesos que el daño al erario público por concepto de sobreprecios pagados por el gobierno federal en las licitaciones, producto de la presunta coordinación de los proveedores para vender a precios más altos insumos de salud.
Se trata de la primera vez en México que la instancia antimonopolios solicita la intervención de la PGR para perseguir un delito de naturaleza económica, lo cual es posible gracias a las reformas legislativas en materia de competencia del 2013-2014.
A través de estos cambios legales se endurecieron las sanciones contra las prácticas monopólicas absolutas (colusión) y a unas multas administrativas más altas, se sumaron castigos penales.
De hallarse culpables por la comisión de estos ilícitos, los agentes económicos pueden ser sancionados con hasta 10% de sus ingresos anuales (personas morales), inhabilitación de hasta cinco años para el ejercicio de cargos directivos (personas físicas) o prisión de entre cinco y 10 años, de conformidad con el artículo 77 de la Ley Federal de Competencia Económica y el 254 bis del Código Penal Federal.
Por el momento, no se puede conocer el nombre de los presuntos responsables de la colusión identificada por la AI-Cofece ni los bienes y servicios que habrían vendido coordinadamente al gobierno, pues la ley no permite la divulgación de estos datos sino hasta que se acredite la plena responsabilidad del ilícito y se emitan las sanciones correspondientes, explicó Mena Labarthe.
Procedimientos paralelos
Para ello, el asunto se desahogará a través de dos vías; por un lado, el Ministerio Público Federal de la PGR proseguirá con las pesquisas iniciadas por la AI-Cofece para posteriormente ejercitar acción penal en contra de quienes cometieron el delito o participaron en su comisión.
“Esta Autoridad Investigadora coadyuvará con las pesquisas del Ministerio Público con todas las evidencias que ha recabado y a su vez, éste llevará a cabo todas las actuaciones que considere pertinentes”, dijo Carlos Mena.
Paralelamente, la Cofece abrió un proceso seguido en forma de juicio contra los presuntos infractores, en el cual los acusados pueden formular su defensa y presentar alegatos.
Concluido el proceso, el pleno del órgano antimonopolios deliberará sobre su responsabilidad y en su caso impondrá las sanciones administrativas.
“Esta unidad no dudará en solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de competidores que se coordinen para manipular precios o coordinar posturas en licitaciones públicas a costa del bienestar de los consumidores”, enfatizó Mena Labarthe.
Recordó que la AI-Cofece tiene en curso otras investigaciones por prácticas monopólicas absolutas, como una abierta recientemente en el mercado de comercialización de gasolina del estado de Baja California y remarcó que, además del sector salud y de transporte, el energético es una de sus prioridades de trabajo.
