Quienes hayan delinquido al amparo del poder, quienes se hayan beneficiado del descomunal saqueo que se perpetró contra el patrimonio de los quintanarroenses en la gestión de Roberto Borge Angulo deben rendir cuentas.
Y parece que la lenta maquinaria de la justicia empieza a caminar en ese sentido.
A lo largo de la historia de Quintana Roo como estado hay una larga estela de corrupción e impunidad de politiquillos que nacieron o llegaron a la entidad sin nada más que la ropa que traían puesta y hoy se hacen pasar como prominentes hombres de la comunidad que se reinventaron como “respetados” empresarios, que se codean con la crema y nata de la sociedad.
Presumen ante el mundo su riqueza mal habida, pretenden seguir viviendo con “negocios” financiados con el erario, conviven con empresarios que arriesgaron su patrimonio para generar empleos y desarrollo, lo hacen con desfachatez y se ofenden cuando no los toman en cuenta.
Por eso es importante cortar con esa estela de impunidad. Que ningún acto de corrupción que se compruebe fehacientemente quede sin castigo. Más allá del morbo que puede significar, a la sociedad no le caería nada mal la integración de una comisión de la verdad, de una auténtica verdad que documente para la historia los hechos de corrupción acontecidos desde la administración estatal y las presidencias municipales.
Solo quienes estén verdaderamente integrados a la vida quintanarroense, comprometidos con el desarrollo sano, dentro de la ley, que arriesgan a diario su patrimonio y no pretenden vivir del chantaje, la extorsión y seguir dependiendo del erario pueden exigir castigo a los corruptos. Los corruptos no tienen derecho a exigir nada.
La transparencia y la rendición de cuentas no se puede exigir a los demás y que algunos sientan que están exentas de ellas. No se puede engañar a la sociedad gritando “¡Allí va, agarren al ladrón!” cuando se es el estafador.
Una comisión de la verdad podría, por ejemplo, recordar a quienes lo vivieron y documentar a quienes llegaron o nacieron después qué sucedió en Cancún entre 1990 y 1993, cuando uno de los municipios más ricos del país empezó a endeudarse.
Esa comisión también podría dar mucha luz sobre el desaseado manejo del erario, venta de usos de suelo y demás irregularidades que se registraron también en Cancún entre 2002 y 2005. Muchos de sus protagonistas aseguraron el futuro de varias generaciones y son de los que hoy exigen transparencia y rendición de cuentas. Habría que empezar por ellos.
Una comisión de la verdad no tendría facultades para castigar a nadie, pero sí “balconearía” y pondría en su justo lugar a muchos.
¿Quién se avienta a crearla?
Platea
El miércoles surgió la versión de que Javier Zetina González renunció como titular del Órgano Superior de Fiscalización. “Javicho” salió inmediatamente a desmentirlo. Lo mismo hizo Arturo Álvarez Escalera cuando se filtró su dimisión unos días antes de que se hiciera válida.
No importa que Zetina González haya ganado a los diputados en el terreno legal su permanencia. Las condiciones no le son favorables y, por lo mismo, ya decidió renunciar. Es cuestión de días, si no es que de horas, para que se haga efectiva.
Luneta
Dicen que Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cedhqroo) es candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Será cierto?
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