TULUM.— Un grupo de compradores del desarrollo inmobiliario Ocean Tulum denunció públicamente presuntos incumplimientos en la entrega de departamentos adquiridos desde 2022, situación que, aseguran, ha generado afectaciones económicas y patrimoniales para decenas de inversionistas y familias que depositaron sus recursos en el proyecto.
A través de una publicación difundida en redes sociales, los afectados señalaron que, pese al tiempo transcurrido desde la comercialización de las unidades y al cumplimiento de sus compromisos de pago, hasta el momento no han recibido los inmuebles prometidos ni una fecha definitiva para su entrega.
De acuerdo con los compradores, el desarrollo, promovido por Grupo VINSA, presenta áreas que continúan en construcción y otras que permanecen en obra negra, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre la conclusión del proyecto. Los denunciantes afirman que durante los últimos años han recibido información relacionada con procesos financieros, obtención de créditos puente y posibles reactivaciones de la obra; sin embargo, aseguran que dichos anuncios no se han traducido en avances que permitan concretar la entrega de las unidades.
Los inconformes sostienen que entre los afectados se encuentran personas que destinaron ahorros de varios años, recursos familiares y patrimonio personal para adquirir una propiedad dentro del complejo. Por ello, solicitaron mayor claridad sobre el estado actual de la construcción y el cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos con los compradores.
Asimismo, señalaron que en distintas ocasiones han intentado exponer públicamente su situación a través de redes sociales y otros espacios digitales, aunque aseguran que algunas publicaciones relacionadas con el tema han desaparecido o dejado de estar visibles, situación que consideran preocupante y que, afirman, ha contribuido a una percepción de falta de transparencia en torno al proyecto.
En su pronunciamiento, los compradores identificaron públicamente a Héctor Sánchez y María Solís como propietarios de Grupo VINSA, a quienes solicitaron proporcionar información documentada sobre el avance real de la obra, los mecanismos de financiamiento utilizados y las fechas estimadas para la entrega de los departamentos pendientes.
Los afectados también hicieron un llamado a las autoridades competentes en materia de desarrollo urbano, protección al consumidor y procuración de justicia para que den seguimiento al caso y verifiquen la situación del proyecto. De igual manera, solicitaron la intervención de organismos que puedan orientar a los compradores respecto a las acciones legales y administrativas disponibles.
Hasta el momento de la difusión de la denuncia pública, no se había dado a conocer una postura oficial de la empresa señalada respecto a los señalamientos realizados por los compradores. Tampoco se informó sobre la existencia de procedimientos legales en curso relacionados con el desarrollo.
Los denunciantes anunciaron que continuarán buscando visibilidad para su situación y exhortaron a otras personas que hayan adquirido unidades dentro del complejo a compartir información sobre sus casos, con el objetivo de conformar un frente común para exigir respuestas sobre el futuro del proyecto inmobiliario.
