El Gobierno Federal pretende “cancunizar” los territorios mayas; eso significa perder tierras, se tiene que hacer una consulta comunidad por comunidad, denunció y demandó la Asamblea de Defensores Múuch’ Xíinbal, que también reprobó el discurso oficial que minimiza y pretende deslegitimar, desacreditar y desvirtuar sistemáticamente el interés legítimo de defensa ante la imposición del Tren Maya.
Valiana Aguilar Hernández, integrante de la asamblea, dijo que el proyecto “atenta contra la vida de los mayas y viola leyes contra nuestra forma de vida; fue impuesto desde arriba, desde una visión racista y sigue la lógica de que como comunidades no somos capaces de decidir sobre nuestra propia vida”.
Subrayó que entre las inconformidades están los impactos ambientales que acarreará el tren, “desde la destrucción de montes, la contaminación del agua, la deforestación, pero también los sociales como el turismo desmedido con la visión de 40 millones de turistas al año, que traerá inseguridad y violencia, sobre todo para las mujeres”.
La activista rechazó que los mayas quieran la reproducción del modelo de Cancún y resaltó que el reordenamiento territorial que propone el tren “es igual a despojo; por eso nos amparamos, para reivindicar nuestro derecho a elegir la vida que queremos, estamos en nuestro territorio y aquí decidimos qué hacer, no desde arriba”.
En conferencia, donde el martes se dio a conocer que 40 comunidades de Yucatán obtuvieron tres suspensiones provisionales más contra las obras del Tren Maya (Tramo 3), que se suman a otras cinco en el mismo sentido en Campeche y Chiapas, el catedrático de lengua maya Gregorio Hau Caamal también condenó la pretensión oficial.
También integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, resaltó que el proceso judicial se debe a que “ese tren se está imponiendo contra nuestra voluntad, y no queremos ser parte de la servidumbre” ante la opción “a ser mano de obra barata, de atención al turismo o destinados a lavar baños”.
Añadió que es claro que los productos y artesanías que producen “no tienen cabida en el tren”, y que “la pretensión del Gobierno Federal de ‘cancunizar’ no es una buena noticia porque significa perder territorio”, y ante el ofrecimiento de hospitales, escuelas y agua a cambio de la construcción, “no se deben condicionar porque son derechos”.
Gregorio Caamal puntualizó que la exigencia de los pueblos originarios es “posponer los «avances» del Tren Maya hasta que se haga consulta. Pero que se haga comunidad por comunidad para que cada una exprese lo que quiere… mientras eso no ocurra, no estamos de acuerdo y rechazamos ese proyecto”.
Sostuvo que decidieron recurrir al Poder Judicial para “preservar lo poco que nos queda” y sentenció que “Cancún, Playa del Carmen y Tulum atraen gente que podríamos decir es un turismo de robo de órganos, de narcotráfico, pobreza y mucha violencia, es lo que está trayendo cada uno de los vagones”.
Por su parte, Jorge Fernández Mendiburu, del equipo legal del colectivo, consideró que las nuevas suspensiones provisionales desmienten la versión de Andrés Manuel López Obrador de que organizaciones civiles ajenas a la región se oponen al Tren Maya, no los pueblos originarios.
Frente al discurso oficial que pretende deslegitimar, desacreditar y desvirtuar el interés legítimo y real, se está demostrando que colectivos de distintas comunidades han recurrido al Poder Judicial y con ello echan por tierra el discurso racista y discriminador que pretende minimizar la lucha y oposición al Tren Maya.
El martes 17 de febrero, la juez Miriam de Jesús Cámara Patrón, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Yucatán, concedió tres nuevas suspensiones contra el Tren Maya tras igual número de amparos por la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Fuente: Infoqroo
