La propuesta panista y perredista para desaparecer el Instituto Federal Electoral (IFE) y sustituirlo con un Instituto Nacional Electoral (INE), que organizaría incluso elecciones locales, tiene un abierto opositor: Eruviel Avila, gobernador del estado de México.
Esa iniciativa forma parte de la reforma política propuesta desde el Pacto por México, herramienta usada por el presidente Enrique Peña Nieto para concretar todas sus reformas con el apoyo unas veces del PAN y tras del PRD, a cambio de que éstas fuerzas también aterricen proyectos legislativos que durante años estuvieron en el “congelador”.
Así, por ejemplo, el PRD apoyó la llamada reforma fiscal, que grava más a los de siempre, porque no incluyó un IVA generalizado, afectó algunos interesas de grandes empresas y gravará la bolsa de valores. En cambio, el PAN no la apoyó por las mismas razones.
En cambio, se da por hecho que los panistas apoyarán la reforma energética, porque incluye una mayor apertura al sector privado, a lo que se opone el PRD, que la considera privatizadora y desde ahora se anticipa que, como lo hicieron los panistas con el tema fiscal, los perredistas serán los que abandonen las sesiones de trabajo cuando en la agenda toque el tema de Pemex y similares.
Sin embargo, panistas y perredistas han emplazado al gobierno de Peña Nieto para que se de trámite a la reforma política antes que a la energética. Está previsto que ambos temas se resuelvan en 2013, pero el gobierno pretende exactamente lo contrario que los panistas y perredistas: primero la reforma energética y luego la política.
En medio de ese debate, Eruviel Avila expresó el malestar de los gobernadores por el proyecto que pretende sacar del ámbito que corresponde la organización de las elecciones locales. Lo que el PAN y el PRD pretenden es como si los abuelos intervinieran en la educación u organización de sus nietos, papel que sólo corresponde a éstos y a sus padres.
Es una intervención a la soberanía de los estados y un intento por convertir a una república federal en una central, debate que se supone superó México con la promulgación de la Constitución de 1917. Se entiende de la derecha, que históricamente ha sido centralista, pero no de la izquierda, aunque a estas alturas ya no se sabe quién es quién.
La posición de Eruviel Avila es similar a la que tuvo Mario Villanueva Madrid en 1997, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo propuso y logró la creación del Tribunal Electoral Federal como última instancia para declarar válida una elección, incluso las locales.
Villanueva Madrid consideró la propuesta zedillista como anticonstitucional, que atentaba contra la soberanía de los estados. Al final, esas y otras diferencias pasaron a formar parte del argumento del ex gobernador para señalar que las acusaciones de narcotráfico en su contra eran por cuestiones políticas… pero esa es otra historia.
La oposición de Eruviel es genuina y congruente con el perfil federalista del país, pero ¿es una estrategia avalada por el Presidente? ¿Es un riesgo calculado? Por lo pronto, el Ejecutivo mexiquense ya propuso una plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) exclusivamente para tratar el tema. ¿Habrá reforma energética sin ese organismo? Es probable que en el Congreso de la Unión se apruebe, pero al tratarse de una reforma constitucional deberá pasar por el tamiz de las legislaturas locales. ¿La aprobarán éstas?
Pero primero lo primero. En el Pacto por México deben acordar qué va primero: la reforma energética, como quiere el Presidente o la política, como son los deseos del PAN y PRD?
