CANCÚN, 2 de septiembre. – Los empresarios de Quintana Roo enfrentan una amenaza creciente que podría llevar al colapso de sus negocios: embargos millonarios en cuentas bancarias derivados de juicios laborales fabricados, en medio de un panorama ya marcado por extorsiones de “derecho de piso” y trámites municipales con costos exorbitantes.
Esta colusión sistemática incrementa la vulnerabilidad del sector privado y pone en jaque la economía local.
Denuncias de afectados revelan un esquema de corrupción donde personal actuarial de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, junto con presidentes de estas instancias y, presuntamente, funcionarios de la secretaría del Trabajo.
Se incluyen reclamos de trabajadores inexistentes con salarios inflados, lo que permite ejecutar sentencias multimillonarias de manera inmediata, sin oportunidad real de defensa. “Esto no es solo un robo legalizado; es una bomba de tiempo para las PYMES que ya luchan por sobrevivir”, alertan empresarios anónimos.
El riesgo se agrava al considerar las presiones existentes: extorsiones del crimen organizado que exigen pagos por “protección” y la burocracia municipal que impone tarifas desproporcionadas por permisos y trámites, erosionando los márgenes de ganancia.
Esta triple amenaza –extorsión, costos administrativos elevados y juicios laborales manipulados– podría disuadir inversiones y provocar cierres masivos, con el consecuente impacto en miles de empleos en una región dependiente del turismo y el comercio.
Expertos en derecho laboral advierten que esta corrupción institucional no solo viola el estado de derecho, sino que además genera un clima de inseguridad jurídica que ahuyenta a inversionistas nacionales e internacionales.
“Los empresarios están en una trampa mortal; sin una intervención urgente, Quintana Roo podría enfrentar un éxodo empresarial”, señalan.
