El incidente registrado este 3 de junio en la Secundaria Técnica Número 11 “Moisés Sáenz Garza” de Cancún, donde un exalumno detonó petardos y provocó la activación de protocolos de seguridad, reavivó el debate sobre la importancia de la Operación Mochila en los planteles educativos.
La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, consideró que este tipo de programas preventivos continúan siendo necesarios para proteger a la comunidad escolar, aunque recordó que su aplicación debe realizarse con estricto apego a los derechos humanos y con la participación de madres y padres de familia.
“Volvemos a llamar a las madres y padres de familia a que participen en esta colaboración. Es una responsabilidad compartida. Más que buscar culpables, debemos tomar acciones y atender puntualmente a nuestras hijas e hijos”, señaló la funcionaria.
Torres explicó que, tras los hechos ocurridos en la secundaria, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de los estudiantes y del personal docente. Aclaró que no se trató de disparos de arma de fuego, sino de petardos detonados por un menor de edad que anteriormente había estudiado en ese plantel.
La funcionaria destacó que la respuesta institucional permitió controlar la situación y atender a la población estudiantil, además de iniciar las investigaciones correspondientes para conocer las causas que motivaron la conducta del joven.
Sin embargo, subrayó que el hecho debe servir para reflexionar sobre la necesidad de reforzar las acciones preventivas dentro de las escuelas y en los hogares.
“Lo importante no es solamente atender el incidente, sino entender qué llevó a este joven a actuar de esa manera y cómo podemos prevenir situaciones similares”, afirmó.
La secretaria recordó que la Operación Mochila no puede implementarse de manera unilateral por parte de las autoridades debido a las disposiciones legales y de derechos humanos vigentes, por lo que requiere la solicitud, autorización y acompañamiento de los padres de familia.
En ese sentido, insistió en que la prevención es una tarea compartida entre autoridades educativas, instituciones de seguridad y familias, ya que son los padres quienes tienen el primer contacto con los menores y pueden detectar señales de alerta.
Finalmente, Torres Gómez reconoció la actuación coordinada de las corporaciones de seguridad y protección de la infancia que participaron en la atención del caso, y reiteró que fortalecer la comunicación entre escuela, familia y autoridades es clave para garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.
