La defensa legal del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, interpuso un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado de Apelación de Nezahualcóyotl, Estado de México, en contra de la negativa y el retraso para celebrar la audiencia que haría efectiva su prisión domiciliaria.
Este movimiento legal ocurre tras el giro jurídico del pasado 28 de mayo de 2026, fecha en la que un juez federal absolvió formalmente a Borge Angulo del delito de delincuencia organizada. Dicha resolución eliminó la prisión preventiva oficiosa que lo mantenía recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, permitiéndole continuar sus procesos penales restantes fuera de la cárcel.
El motivo de la queja
A pesar de contar con el beneficio de la prisión domiciliaria para enfrentar su última causa penal vigente —relacionada con el delito de lavado de dinero—, el traslado del exmandatario se encuentra frenado.
De acuerdo con el expediente del recurso de queja (10/2026), los abogados de Borge impugnaron la postergación de la audiencia a cargo de una jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl. La finalidad de dicha comparecencia es puramente logística y de supervisión: verificar los protocolos de seguridad y ordenar la colocación del brazalete electrónico de localización en el domicilio asignado del Estado de México.
“La omisión de proveer de fondo, ordenar, impulsar y materializar los actos procesales necesarios para fijar fecha y hora de audiencia y, en ese mismo acto, llevar a cabo la colocación del dispositivo de localización electrónica…”, señala el documento tramitado por la defensa con fundamento en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Roberto Borge Angulo, quien gobernó Quintana Roo en el periodo 2011-2016, fue detenido en Panamá en 2017 y extraditado a México a inicios de 2018. Con la absolución dictada a finales de mayo de 2026 por el delito de delincuencia organizada, el lavado de dinero es la única acusación federal que lo retiene bajo una medida cautelar restrictiva, la cual aspira a cumplir bajo resguardo domiciliario en cuanto la sede judicial fije la fecha para la colocación del dispositivo electrónico.
