Manotazo presidencial

Julio César Silva Cetina

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ha habido diversos momentos en la historia del país en los que la sociedad ha manifestado por todo lo alto su hartazgo ante la falta de solución a sus necesidades, fundamentalmente de seguridad, pero los gobiernos que enfrentaron esa exigencia le apostaron al olvido, que la fuerza de las quejas y denuncias se diluyeran para volver a explotar en alguna otra ocasión.

Hicieron como quien va pateando una lata, alejando la basura para colocarla en la acera del vecino.

En agosto de 2008, durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el patio central del Palacio Nacional, el empresario Alejandro Martí solicitó al presidente Felipe Calderón Hinojosa, gobernadores, legisladores y a los integrantes del Poder Judicial de la Federación que si “la vara es muy alta” para atender la inseguridad en México, “si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso también es corrupción”.

Las semanas que siguieron hubo discursos, promesas, compromisos que se quedaron en la retórica, que fueron reiterados ante las marchas históricas de miles de personas vestidas de blanco que exigieron hace ya seis años el retorno de la paz en México.

En ese tiempo los mexicanos se acostumbraron a las decapitaciones, a las fosas atiborradas de cadáveres y, entonces, las protestas se diluyeron… hasta Ayotzinapa, donde la desaparición de 43 estudiantes recordó al país su permanente indignación y volvió a tomar las calles para exigir justicia.

“Lo que dije hace seis años sigue siendo vigente”, dijo la semana pasada el empresario Alejandro Martí, a quien la mafia coludida con autoridades corruptas le arrebataron la vida de un hijo secuestrado.

Sin embargo, todo parece indicar que tras Ayotzinapa no ocurrirá lo mismo que en el 2008. Por lo menos así lo indica el paquete de medidas que anunció este jueves el presidente Enrique Peña Nieto, que incluyen históricas reformas que transformarán la vida institucional de los municipios, que por principio de cuentas perderán la potestad sobre sus policías, al servicio del crimen organizado muchas de ellas.

La unificación de mandos policiacos en el país se acordó hace años y quedó a merced de la voluntad de los gobernantes. En Quintana Roo empezó a aplicarse con resultados notables desde hace un año, pero en muchas partes del país continuó el desorden.

Por eso era necesaria la propuesta de reformas constitucionales enviadas el jueves por el Presidente al Congreso de la Unión. El paquete de medidas es un manotazo presidencial ante la inamovilidad de muchos gobiernos estatales y ayuntamientos.

Las diez medidas anunciadas por Peña Nieto pretenden dar forma legal a todas las propuestas planteadas en esos diversos momentos de hartazgo que acumula el país y que por falta de iniciativa, capacidad y compromiso no se aterrizaron.

Es cierto, no tomó en cuenta otros aspectos que tienen que ver con la seguridad. No se metió a cuestiones administrativas, como el funcionamiento del Poder Judicial federal y la de los estados y tampoco consideró al ministerio público, ámbitos fuertemente contaminados por la corrupción y la incapacidad, pero lo que se dio el jueves es un paso importante que no se concretó en muchos años.

Hoy Peña Nieto decide que es momento de escuchar, pero sobre todo de hacerle caso a la sociedad.

Platea

El anuncio presidencial fue recogido con esperanza por un grueso sector de la sociedad y con críticas por los diversos actores de la política mexicana, incluso por parte de líderes del PRD y Morena, que lo mejor que deben hacer en estos momentos es callar en temas relacionados con la inseguridad e impunidad, pues ellos fueron quienes vendieron candidaturas al mejor postor, los que permitieron que llegaran al poder personajes como los que han sido señalados como responsables de la matanza en Guerrero.

La propuesta presidencial fue recibida con críticas de quienes exigen los resultados que no dieron cuando fueron gobierno. Es normal, es su papel de oposición, pero deben ser más responsables, dejar de lado las cuestiones electorales y hacer política por el bien de todos.

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