Un total de 130 “aviadores” y presuntos empleados “comisionados” a otros lugares han sido descubiertos hasta la fecha en la nómina del Congreso del estado, de los cuales 35 ya han podido ser dados de baja como parte del proceso de depuración administrativa del Poder Legislativo.
El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, dijo que este personal representa una carga financiera excesiva por sus altos sueldos y compensaciones que percibían sin trabajar o devengar.
En entrevista para el diario Quintana Roo Hoy, destacó que continuarán realizando ajustes, ya que hay empleados a quienes se les incrementó su salario en más del 300 por ciento en los últimos meses de la pasada Legislatura sin que se sepan las razones.
“Que quede claro que no somos la Santa Inquisición ni venimos a linchar públicamente a nadie, pero ya detectamos trabajadores que no han regresado a cobrar, que dejaron de ir al Congreso y por eso se les canceló en la nómina”, señaló el diputado.
También reveló que se seguirá depurando la nómina, por lo que se realizarán ajustes de sueldos y compensaciones pues actualmente son más de 500 empleados los que reciben un salario.
“No son delincuentes ni nada. Son gente que no trabajó en donde debió haber trabajado y por la misma razón se le ha ido dando de baja. Hasta ahorita llevamos 35 bajas, entre los que dejaron de ir y reconocieron que fueron contratados a lo último, y los que no tenían un espacio de trabajo o que andaban de comisión en otro lado”, agregó.
“Hablamos de alrededor de unas 130 personas entre comisionados y gente que se le dio de alta en los últimos tres meses se les dio de alta, así como gente que estaba cobrando pero que no se presentaba a laborar y otros a quienes a partir de julio se les incrementó la compensación de manera desmedida sin tener una justificación”, añadió Martínez Arcila.
El líder cameras recalcó que la revisión que se hace al interior del Congreso no es una “cacería de brujas”, aunque puntualizó que estos viejos vicios y prácticas deshonestas que representan una carga financiera al Poder Legislativo se deben desterrar, pues se detectó que había personal con compensaciones de hasta los 25 mil pesos quincenales, cuando su sueldo era entre 7 y 10 mil pesos.
Manifestó que también investigarán a quienes autorizaron estos incrementos de salarios desmedidos y en su caso aplicar las sanciones establecidas en las leyes de Quintana Roo.