El gobierno de Estados Unidos y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se enfrentarán el lunes en un tribunal de Londres, una década después de que el sitio en internet enfureciera a las autoridades estadounidenses por publicar documentos militares secretos.
Un juez en el Tribunal de la Corona de Woolwich escuchará los argumentos de los abogados de las autoridades estadounidenses, que quieren juzgar a Assange por cargos de espionaje que conllevan una pena máxima de 175 años de prisión.
La audiencia de extradición sigue a años de subterfugios, disputas diplomáticas y drama legal que obligaron al australiano de 48 años a refugiarse dentro de la embajada de Ecuador en Londres y posteriormente ser encarcelado en una prisión británica de máxima seguridad.
En Estados Unidos, Assange está acusado de 18 cargos por la publicación de documentos clasificados. Los fiscales dicen que conspiró con la analista de inteligencia militar Chelsea Manning para infiltrarse en una computadora del Pentágono y difundir miles de cables diplomáticos secretos y archivos militares sobre las guerras en Irak y Afganistán.
Las autoridades estadounidenses dicen que las actividades de WikiLeaks ponen en peligro la vida de los estadounidenses.
Assange argumenta que estaba actuando como periodista amparado en la Primera Enmienda constitucional, y que los documentos filtrados expusieron las fechorías del ejército estadounidense.
Entre los archivos publicados por WikiLeaks estaba el video de un ataque con helicóptero Apache en 2007 en Bagdad que mató a 11 personas, incluidos dos periodistas de Reuters.
Organizaciones de periodismo y grupos de libertades civiles, incluidos Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, dicen que los cargos contra Assange establecen un precedente escalofriante para la libertad de prensa.
La saga legal de Assange comenzó en 2010, cuando fue arrestado en Londres a pedido de Suecia, que quería interrogarlo sobre las denuncias de violación y agresión sexual presentadas por dos mujeres. En 2012, buscó refugio dentro de la embajada ecuatoriana, donde quedó fuera del alcance del Reino Unido y las autoridades suecas.
