José Enrique Velasco
Ad-Ephesios
El imperio de la Ley
El Proyecto Mundial de Justicia (WJP, en inglés) es una organización independiente formada por un grupo multidisciplinario de investigadores y pensadores internacionales, lo que se ha dado en llamar un Think Tank, un Tanque de Pensamiento.
Este Proyecto global está dirigido a fortalecer el imperio de la ley, el gobierno de las leyes para el desarrollo de la paz, la equidad y las oportunidades de las comunidades. Para ello, sostienen cuatro principios universales que son los siguientes:
1.- Los agentes y oficiales del gobierno tanto como los individuos y las entidades privadas están bajo el dominio de la ley.
2.- Las leyes son claras, publicadas, estables y justas; son aplicadas de manera imparcial; y protegen los derechos fundamentales, incluyendo la seguridad de las personas y las propiedades.
3.- El proceso por el que las leyes son promulgadas, administradas y ejecutadas es accesible, justo y eficiente.
4.- La justicia es entregada de manera oportuna por representantes independientes, competentes y éticos y también por neutrales, en número suficiente y con recursos adecuados, que reflejan la composición de las comunidades a las cuales sirven.
Estos cuatro principios, a su vez, se basan en los siguientes ocho conceptos generales que no es ocioso leerlos y reflexionar en ellos. En una escala del 0 al 1, en donde fueron evaluados 99 países, el promedio de nuestro país obtuvo el lugar 79.
a.- Poderes gubernamentales restringidos, lugar 48 de 99 países.
b.- Ausencia de corrupción, lugar 78.
c.- Gobierno transparente, 32.
d.- Derechos fundamentales, 60.
e.- Orden y seguridad; lugar 96.
f.- Reglamentación de la ley, lugar 51.
g.- Justicia civil, 88.
h.- Justicia penal, 97.
Lo invito a que repase lentamente cada uno de ellos y haga su propia evaluación.
El Proyecto Mundial de Justicia realizó otras encuestas entre la población abierta para conocer el Índice de Gobierno Transparente 2015 en el que México quedó en el lugar 42 de 102 países calificados en lo que respecta a la cantidad de información pública sobre leyes y datos que proporciona el gobierno, facilidad para obtener la información, participación cívica y efectividad de los mecanismos de queja. En una escala de 0 a 1, México llegó a .56 al promediar todas las variantes.
De igual manera, se utilizaron estos nueve grandes factores para realizar encuestas entre la población para medir el Índice sobre el Estado de Derecho. De 99 países quedamos en el lugar 79.
Es de destacar que de estos ocho conceptos generales el gobierno mexicano obtuvo el mejor lugar, el 32, en el renglón de transparencia. Sin embargo el 20 de marzo de este año apareció una nota en el periódico Excélsior en la que se señala que el Senado de la República aprobó, en lo general y lo particular, la Ley General de Transparencia, pero con el visto bueno a la legislación, los “benevolentes” representantes también aprobaron una trampita difícil de detectar. De esas en las que estos defensores de la justicia patria y el bien común, son especialistas.
Los senadores agregaron un artículo transitorio en el que van a cumplir las nuevas disposiciones, sólo si el mismo Senado considera que cuenta con los mecanismos administrativos que le permitan el cumplimiento de la ley. No especifican cuáles son dichos mecanismos. Y tampoco fijaron un plazo para que esto ocurra.
En este mar de simulaciones en que se ha convertido el gobierno mexicano, el Senado aprueba la Ley de Transparencia con bombo y platillo, lo anuncian a los cuatro vientos, se nos dice que por derecho se confieren a la sociedad las herramientas y los instrumentos para que el gobierno se obligue -para que nosotros obliguemos a las autoridades- a la rendición de cuentas.
No basta con la indignación, con el hartazgo, con la bronca personal que cada uno de nosotros pudiera tener en contra del gobierno. Ahora que la farsa de las elecciones ya pasó, habrá que hacer marcación personal a los glamorosos triunfadores para que no se conviertan en nuevos millonarios con nuestro dinero y para que se pongan a trabajar en favor de la ciudadanía.
¿Será?
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