Este sábado 25 de enero de 2020 entrará en vigor una reforma a diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y del Código Penal Federal, que tiene el objetivo de reducir los delitos cometidos con el uso de aparatos que bloquean las comunicaciones inalámbricas.
Se trata de la llamada “ley anti-jammer”, derivada de una reforma a los artículos 190 bis de la LFTR y 168 del Código Penal que en adelante permitirá a las autoridades sancionar con penas de 12 a 15 años de prisión a los particulares que fabriquen, comercialicen, distribuyan, instalen, compren, porten, utilicen u operen equipos que entorpezcan o anulen las señales de comunicación en audio, video y datos, dificultando así el auxilio o rastreo de personas y/o vehículos cuando se comete un delito.
La sanción se eleva a 18 años para los funcionarios públicos que caigan en este supuesto, si no cuentan previamente con la autorización correspondiente.
El decreto de reforma publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que los bloqueos de las comunicaciones sólo podrán originarse con base en lo que establezca el reformado artículo 190 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Esto significa que a partir de este sábado 25 de enero serán ilegales y se castigará el uso de aparatos electrónicos que bloqueen cualquier tipo de señal de telecomunicación, sin importar si un particular desea aislarse por motivos personales o de privacidad; esa intención también tendrá que adecuarse al 190 bis de la llamada ley telecom.
A partir de este sábado, las personas que tengan en su poder un equipo de este tipo tendrán 30 días para entregarlo a las autoridades; es decir, las unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de todo el país y éstas lo asegurarán para su posterior destrucción.
El decreto publicado en el DOF también establece que las autoridades correspondientes tienen un máximo de 180 días contados desde este 25 de enero para adecuar la Norma Oficial Mexicana 220-SCFI-2017 que trata sobre los equipos para el bloqueo de señales, a fin de armonizarla con la presente reforma.
La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) celebró la aparición del decreto de reforma este viernes, pues aseguró que en 2019 sus afiliados reportaron más de 3,400 robos a nivel nacional y que en el 85% de los casos se utilizaron equipos conocidos como “jammers” para cometer el delito.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) asegura a su vez que estos robos significan un daño económico superior a los 92,000 millones de pesos, equivalente a aproximadamente el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.
En el caso de los robos en carreteras nacionales, las rutas más objeto de delitos con el insumo de los “jammers” son el corredor San Martín Texmelucan–La Tinaja de Veracruz; Querétaro-Celaya-Salamanca y Cuautitlán-Querétaro, Arco Norte y Circuito Exterior Mexiquense.
Queda por conocer además de qué manera impactará esta reforma al bloqueo de las comunicaciones que salen de las prisiones.
