CANCÚN, 12 de septiembre. – Una red organizada de corrupción opera en Quintana Roo, involucrando a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, funcionarios del Gobierno estatal y entidades bancarias, en un esquema que fabrica juicios laborales falsos para embargar cuentas de pequeños negocios y grandes empresas. Esta alianza ilícita genera jugosas ganancias para todos los participantes, a costa de la ruina de empresarios honestos y la inestabilidad económica de la región.
Afectados exponen cómo el personal de las Juntas de Conciliación, en contubernio con altos funcionarios de la Secretaría del Trabajo de Quintana Roo, crean expedientes ficticios con trabajadores inexistentes y salarios inflados.
Estos juicios permiten embargos inmediatos por millones de pesos, sin verificación alguna. Los bancos, a su vez, se vuelven facilitadores y ejecutan estos embargos, beneficiándose de comisiones, intereses y posibles cuotas por “servicios” en la cadena de corrupción, lo que revela una distribución de ganancias entre todas las partes involucradas.
“Esta organización no es casual; es un negocio redondo donde las Juntas obtienen sobornos por fabricar casos, el Gobierno estatal asegura lealtades y control, y los bancos multiplican sus ingresos con transacciones forzadas”.
El impacto es devastador: PYMES cierran por falta de liquidez, mientras grandes empresas reconsideran sus inversiones en un estado plagado de inseguridad jurídica.
