CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, 23 de julio.- La muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que falleció el pasado 16 de julio dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, puso en la mira al conjunto de escuelas militarizadas que operan en México, donde el caso de Tamaulipas no sería un hecho aislado, sino la expresión más reciente de un vacío legal que se repite en distintos estados del país.
Dafne ingresó el 13 de julio a un campamento de verano organizado por la academia, ubicada en Ciudad Madero. Tres días después, su madre, Alejandra Quintos, fue notificada de que la menor había muerto dentro de las instalaciones. La versión inicial de la escuela, que atribuyó el deceso a un desvanecimiento durante actividades físicas, no coincidió con los hallazgos periciales: el certificado de defunción clasificó la muerte como homicidio por asfixia por sumersión, y la Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso bajo protocolo de feminicidio, con una primera detenida, Danna Yanina N., de 18 años, auxiliar del área femenil del plantel.
Especialistas y medios que han investigado el sector señalan que las escuelas militarizadas en México operan en un vacío regulatorio: al ser instituciones privadas, dependen únicamente de la autorización educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin un marco específico que regule las prácticas de adiestramiento, la disciplina o los campamentos de verano que ofrecen.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a que estas academias adoptan una estructura y disciplina de corte castrense, no ejerce supervisión alguna sobre ellas. Reportes recientes señalan incluso que el director de la Academia Doenitz no cuenta con registro como militar en México, pese a la naturaleza castrense que promueve la institución.
Ese vacío no es exclusivo de Tamaulipas. En mayo de 2025, la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, con sede en la Ciudad de México, enfrentó una crisis similar tras la muerte del niño Erick Torbellín en un campamento realizado en Morelos, luego de ser víctima de golpes y maltrato por parte de instructores. La Fiscalía capitalina abrió entonces al menos ocho investigaciones adicionales por denuncias de castigos y abusos contra otros menores en la misma institución, y padres de familia reportaron que se amenazaba a los niños para que no hablaran de los golpes que recibían.
El patrón se repite en la Academia Doenitz, donde el caso de Dafne reabrió señalamientos que arrastra el plantel desde hace más de una década: un cambio de propietarios cuestionado, una demanda laboral por presunto fraude, un desalojo judicial por falta de pago de renta y denuncias previas de abuso contra menores presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos que no prosperaron. Exalumnos difundieron videos y testimonios, algunos con más de una década de antigüedad, que describen maltratos sistemáticos, castigos físicos y trabajos forzados como medida disciplinaria.
Ante la presión pública, la Fiscalía de Tamaulipas aseguró el inmueble de la Academia Doenitz, que permanece cerrada, mientras padres de familia, exalumnos y colectivos se manifestaron en Ciudad Madero para exigir su clausura definitiva. La familia de Dafne impulsa además la creación de la “Ley Dafne”, iniciativa que busca prohibir novatadas, castigos físicos, torturas y entrenamientos desproporcionados en centros formativos militarizados para menores de edad, y cerrar el vacío legal que, como muestran los casos de Doenitz y Ollin Cuauhtémoc, ha permitido operar a este tipo de academias en distintos puntos del país sin controles adecuados.
