México Evalúa presenta ‘Extorsión comercial y seguridad pública en Tijuana. ¿quién protege a quién?’, un estudio que muestra cómo la extorsión y el cobro de piso en la ciudad fronteriza son delitos invisibles que, al ser denunciados únicamente en el 1% de los casos (ENVE, 2020), provocan que los tres niveles de gobierno se escondan detrás de la ceguera estadística, agravando el problema con su inacción y desatención. Los resultados de esta investigación de campo delatan cómo la presencia enraizada de la extorsión y cobro de piso, en amplias partes del municipio, afecta particularmente a pymes y a pequeños comerciantes, confirmando así la prevalencia de un ‘impuesto criminal’ en el ámbito municipal.
El documento también muestra que la extorsión comercial y el cobro de piso hacen escalar las violencias rápidamente, y al no ser atendidos, delitos como el daño a propiedades o los homicidios dolosos seguirán incrementándose.
Para el establecimiento de la relación ‘cobro de piso-protección’ es central la construcción de un ambiente violento que estimule la necesidad de protección y, con ella, aceptar la oferta de este proveedor criminal de protección: mientras mayor capacidad de ejercer violencia se atribuya a los perpetradores, más probable es que sus víctimas paguen. Esto puede ser el origen de un ciclo infinito de violencias.
Por último, la investigación muestra que la protección del Estado, que teóricamente debería estar disponible para cualquier ciudadano, funciona en cierta medida como un servicio personalizado e individualizado. Es decir, las personas que cuentan con suficiente capital social y económico logran un acceso directo a los funcionarios de más alto nivel, transformando un servicio público en atención privada. Los que no gozan de estos contactos, no logran acceder a las autoridades. En el fondo, se trata de formas de protección selectiva.
Con este trabajo, México Evalúa quiere poner sobre la mesa la urgencia de atender la extorsión y el cobro de piso como la raíz de otras prácticas violentas en Tijuana, en particular, y en México, en general. El reto, sin embargo, es mayúsculo. De la capacidad que tengan las autoridades para asumir su papel de protector depende que se reduzcan, a mediano y largo plazo, no únicamente los delitos de extorsión y cobro de piso, sino también una serie de afectaciones violentas que se derivan de ellos.
A partir del caso de Tijuana, para atender este fenómeno a nivel nacional México Evalúa recomienda a los gobiernos lo siguiente:
1. Considerar a la extorsión y el cobro de piso como delitos que pueden detonar un conjunto de afectaciones y violencias más amplios y que, por lo tanto, deben atenderse a partir de propuestas de prevención integral del delito.
2. Evitar que los esfuerzos se concentren únicamente en promover la denuncia ciudadana, a menos que eso detone una protección eficiente, confiable e inmediata por parte de los cuerpos de seguridad, especialmente a nivel local (policías).
3. Fortalecer las capacidades de investigación y procuración de justicia, especializándose en las particularidades de la extorsión y cobro de piso, como solución a la falta de denuncia. En otras palabras, no dejar en las víctimas la responsabilidad de iniciar el proceso.
El estudio se puede descargar en: https://bit.ly/
