CANCÚN, Q. Roo, 16 de julio.— Ante una serie de operativos realizados por la Fiscalía General del Estado en bares y centros nocturnos de Cancún, que trabajadores del sector consideran excesivos e injustificados, se conformó la asociación civil ‘Es TRA, No TRA’, con el objetivo de brindar apoyo legal y organizativo frente a lo que describen como una “criminalización disfrazada de combate a la trata de personas”.
La agrupación es presidida por la empresaria Leticia Salazar García, quien denunció que los recientes operativos han provocado el cierre de negocios legítimos y la detención arbitraria de trabajadores, sin que exista evidencia concreta de delitos relacionados con la trata.
Este nuevo movimiento recuerda lo ocurrido en 2002 y 2003, cuando durante la administración del entonces alcalde Juan Ignacio García Zalvidea, se ordenó que las trabajadoras sexuales de Cancún vistieran ropa de color amarillo para ser identificadas públicamente, en una medida que fue ampliamente criticada por organismos de derechos humanos. Aunque el contexto actual es distinto, persisten elementos de estigmatización y persecución institucional hacia personas que laboran en giros relacionados con el entretenimiento nocturno.
‘Es TRA, No TRA’ sostiene que la Fiscalía ha actuado con base en denuncias anónimas y operativos encubiertos, sin una investigación sólida de fondo, afectando a trabajadoras y trabajadores que no tienen vínculo alguno con redes de explotación.
“El verdadero problema de la trata no se está combatiendo, solo se están cerrando fuentes de empleo y generando miedo”, señaló la dirigencia de la asociación.
Entre las acciones anunciadas se encuentra el monitoreo legal de nuevos operativos, la visibilización pública de posibles abusos y la convocatoria a más integrantes del sector a sumarse a la defensa colectiva de sus derechos. También buscarán entablar diálogo con organismos nacionales e internacionales que velen por el debido proceso y los derechos laborales.
La asociación deja claro que su objetivo no es encubrir delitos, sino exigir que las investigaciones se realicen con seriedad y respeto a la legalidad, sin dañar a quienes por decisión propia trabajan dignamente en bares, discotecas y otros establecimientos del sector.
