MIRAMAR, Florida, 8 de diciembre.— La Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA) confirmó que el gobierno mexicano aplazará la aplicación del Derecho de No Residentes (DNR) a los pasajeros de cruceros contemplado en la Ley Federal de Derechos del 2015.
Con base en esta determinación, la aplicación del DNR a cruceristas se moverá del 1 de enero al 1 de julio de 2025.
Mara Lezama Espinosa, la gobernadora del estado mexicano de Quintana Roo, donde se ubican Cozumel y Mahahual, dos de los puertos más importantes para los cruceros en el mundo, encabezó las gestiones ante el gobierno federal.
Buscó siempre conciliar entre el interés genuino del gobierno federal de recaudar más recursos y la necesidad de que el Caribe Mexicano no pierda competitividad en el mercado de cruceros.
Esta decisión fue tomada tras reuniones entre funcionarios mexicanos y representantes de la FCCA, buscando mitigar las preocupaciones sobre el impacto que el cobro podría generar en el turismo y la economía de las comunidades costeras del país.
El impuesto impondría un cargo adicional de 42 dólares (860 pesos mexicanos) por pasajero, lo que, según la FCCA, elevaría el costo promedio en los puertos mexicanos en un 213% en comparación con otros destinos del Caribe.
Michele Paige, directora general de la FCCA, advirtió que esta medida podría disuadir a los turistas de cruceros, alterar los itinerarios de las líneas navieras y afectar de manera significativa a las comunidades que dependen del turismo, al aumentar los costos y reducir la competitividad de México en el mercado global.
Paige subrayó que la exención del impuesto para pasajeros en tránsito, vigente desde hace más de una década, había sido clave para el desarrollo del turismo de cruceros en el país. Criticó la falta de diálogo previo a la aprobación de la legislación y señaló que otros destinos en el Caribe y Centroamérica ya han comenzado a atraer a las líneas de cruceros, ofreciendo alternativas más económicas.
“La eliminación de esta exención afectará principalmente a ciudadanos estadounidenses y tendrá un impacto devastador en las economías locales, reduciendo empleos y disminuyendo la recaudación fiscal,” afirmó Paige. Además, resaltó la necesidad de un diálogo significativo con el gobierno mexicano para alcanzar una solución equilibrada que beneficie tanto a las comunidades locales como a los turistas.
Con el aplazamiento, la FCCA espera trabajar junto al gobierno para revisar las implicaciones de esta medida y evitar efectos adversos que puedan comprometer la posición de México como un destino clave en el turismo de cruceros. Sin embargo, subrayaron que es fundamental abordar las preocupaciones a largo plazo para proteger la competitividad del sector y la sustentabilidad económica de las comunidades costeras del país.
