Habitantes de las comunidades limítrofes de Caña Brava, Felipe Ángeles y Guillermo Prieto acudieron este martes a la sede por Poder Legislativo para conocer los avances de la sentencia emitida por el Juzgado Sexto de Distrito, para que el Estado los dote del servicio de agua potable e, incluso, amenazaron con realizar la toma de esas oficinas y del Palacio de Gobierno en caso de que no se cumpla la orden del juez.
Luego de la negativa del gobierno del Estado, de destinar por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación los recursos necesarios para dotar de agua a las comunidades rurales antes mencionadas, el grupo de afectados dio un plazo de 10 días para cumplir la sentencia, de lo contrario, amenazaron con tomar de las instalaciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
José Jiménez Arcos, ejidatario del poblado Felipe Ángeles, dijo que en ese caso llegarán muchos más habitantes de las localidades, quienes están dispuestos a hacer movilizaciones en demanda de su derecho humano de contar con el servicio de agua potable.
Si bien la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado salió al quite con la dotación del vital líquido mediante pipas, es insuficiente, aseveró Carlos Pérez Flores, presidente del comisariado ejidal de Guillermo Prieto.
“Sí nos han llevado pipas de agua, pero es la que agarran, ahí de la misma laguna, y se distribuye a las casas, pero no son surtidas conforme a la demanda y, en segunda, no es agua de buena calidad”, afirmó.
Detalló que hay una carpeta básica desde 1975, donde se especifica que las localidades pertenecen al municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, por tanto, no se explican por qué las autoridades son renuentes a dotarlas con ese servicio.
Cabe señalar que, antes de acudir a solicitar diálogo con las autoridades legislativas, los comuneros acudieron al Juzgado de Distrito con sede en Chetumal, a ingresar un documento donde solicitan la acción inmediata del Estado, en el sentido de que se ejecute el amparo.
Fuente: Infoqroo
