CHETUMAL, 19 de noviembre.-La incertidumbre territorial entre Quintana Roo y Campeche ya no solo se discute en tribunales: ahora está afectando directamente la identidad legal de cientos de habitantes. De acuerdo con el abogado Andrés Blanco Cruz, el Instituto Nacional Electoral (INE) está negando credenciales para votar a pobladores de comunidades asentadas en la franja limítrofe, debido a que el organismo adopta un mapa que clasifica esas localidades como campechanas, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha emitido una resolución definitiva.
La denuncia expone que los módulos del INE rechazan domicilios ubicados en ejidos y comunidades históricamente administrados por Quintana Roo. El sistema, dijo, canaliza a los solicitantes hacia módulos de Campeche o simplemente invalida el trámite, una situación que se ha repetido en puntos rurales donde la disputa territorial siempre ha generado confusión, pero nunca había derivado en la negación de un derecho.
Blanco Cruz subrayó que la afectación no se limita a la imposibilidad de votar. Recordó que la credencial del INE funciona como identificación primaria en prácticamente todos los ámbitos de la vida civil. “Si el sistema te niega el documento, no puedes realizar operaciones bancarias, firmar documentos notariales, acceder a servicios de salud ni inscribirte a programas sociales. Es un bloqueo completo, no un simple contratiempo burocrático”, afirmó.
Para el abogado, el problema surge porque el INE está operando con una cartografía que no corresponde a la realidad jurídica: mientras la SCJN no concluya el juicio limítrofe, el territorio en disputa sigue bajo administración de Quintana Roo. Aplicar límites no reconocidos, añadió, equivale a adelantar criterio y dejar en estado de indefensión a quienes viven en esa zona.
El litigante exigió al INE corregir inmediatamente sus bases internas y usar, de manera provisional, los criterios administrativos que han regido durante décadas en la franja fronteriza. También pidió a los ciudadanos afectados documentar cada caso y presentar quejas formales para acreditar el alcance de la falla institucional.
El conflicto territorial entre Quintana Roo y Campeche permanece sin resolución después de años de análisis en la Suprema Corte. En este contexto, advirtió que decisiones unilaterales de organismos federales no solo podrían influir indebidamente en la disputa, sino generar nuevas barreras para la participación democrática.
Mientras la Corte define la línea divisoria, quienes viven en esas comunidades siguen atrapados entre dos estados… y ahora también frente a un sistema electoral que, por un error de mapa, los deja en riesgo de quedar fuera del padrón y sin el documento que acredita legalmente su identidad.
