CIUDAD DE MÉXICO, 2 de noviembre — La detención de Inés Gómez Mont en Florida el viernes 30 de octubre, tras cinco años prófuga de la justicia mexicana, volvió a poner bajo los reflectores a una familia con larga presencia en la política y la abogacía del país: un abuelo fundador del Partido Acción Nacional (PAN), un tío que fue secretario de Gobernación y otro que dirigió el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
La exconductora de televisión enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal equiparada.
Felipe Gómez Mont, el abuelo fundador del PAN
Felipe Gómez Mont, abuelo de la conductora, formó parte del grupo de abogados y pensadores conservadores que fundó el PAN en 1939. La familia mantuvo después su presencia en los círculos jurídicos a través del despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont, donde varios de sus integrantes han sido socios.
Fernando Gómez Mont, el tío en Bucareli
Fernando Gómez Mont Urueta, tío de Inés y uno de los penalistas más conocidos del país, fue diputado federal por el PAN a partir de 1991 y encabezó la Secretaría de Gobernación entre 2008 y 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, luego de la muerte de Juan Camilo Mouriño en un accidente aéreo.
Cuando estalló el caso, Fernando reconoció en una entrevista que participaba en la defensa de su sobrina, aunque sin responsabilidad profesional formal, y precisó que los abogados a cargo eran sus primos, Pablo y Felipe Gómez Mont. Sus declaraciones llegaron después de que la exsuegra de la conductora, Tita Bravo, afirmara en redes sociales que Inés era protegida por su tío.
Miguel Gómez Mont, de Fonatur a la destitución
Miguel Gómez Mont Urueta, otro de sus tíos, dirigió Fonatur, el organismo federal que creó y desarrolló Cancún, de 2006 a 2010. Fue destituido tras protagonizar una pelea durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Antes había fundado y presidido la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) y ocupó cargos directivos en Corporación GEO durante casi dos décadas. Falleció el año pasado.
El caso: dinero de penales de Gobernación
En 2019 la defensa intentó cerrar la vía penal con un pago voluntario de 13.5 millones de pesos al SAT por presuntas inconsistencias en el ISR de 2016. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desconoció ese arreglo y reclasificó la investigación como delincuencia organizada, lo que derivó en órdenes de aprehensión.
La acusación principal apunta a su pareja, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera como operador de una red de empresas facturadoras. La FGR documenta el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos de contratos de seguridad asignados en 2016 al órgano de prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación para interconectar siete penales federales, servicios que las auditorías consideraron simulados.
De acuerdo con el expediente, el dinero habría pasado por más de mil 400 operaciones bancarias con empresas fantasma antes de llegar a cuentas personales y de empresas de la pareja. Así, la investigación terminó alcanzando a la misma secretaría que su tío encabezó años atrás.
Gómez Mont ha sostenido desde 2019 que es inocente. Con su captura en el sur de Florida, enfrenta ahora un proceso del que depende su regreso a México.
Foto: Archivo Palco Noticias
