La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer que inició una investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz en el estado de San Luis Potosí.
El anuncio llega al tiempo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) impuso sellos de suspensión de actividad comercial a 600 tortillerías de San Luis Potosí por no tener precios a la vista, no respetar el precio exhibido y detectar básculas que no venden kilos completos.
La Profeco actuó en respuesta a una denuncia de la propia Cofece por manipulación en los precios de la masa por parte de la Unión Potosina de Industriales de la Masa, Tortilla y Similares de la entidad.
El pasado 12 de enero, la agrupación había anunciado un incremento en el precio del kilo de tortilla de 13 a 15.50 pesos, lo cual equivale a un aumento concertado de 19%.
Este aumento está considerado por la Cofece una práctica monopólica absoluta. El organismo regulador establece que “se consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores”.
En un comunicado, la Cofece indicó que la investigación se deriva de una denuncia realizada por la Profeco, y añade que “existen indicios de la realización de prácticas monopólicas absolutas” en el mercado de la tortilla en San Luis Potosí.
“Este producto es parte de la canasta básica de las familias mexicanas. En promedio los hogares del país gastan 2,827 pesos al año en tortillas de maíz, lo que representa el 6.5% de su gasto en alimentos, y para los de más bajos ingresos este porcentaje se eleva a 8.5%”, indicó el organismo.
“Tememos indicios de que el precio de la tortilla fue manipulado”, dijo Carlos Mena Labarthe, titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece.
De comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, las personas físicas y morales podrían ser sancionadas con inhabilitación hasta por 5 años y multas hasta por el equivalente a 200,000 UMAs (Unidades de Medida y Actualización). Además, los responsables se harían acreedores a una multa de hasta el 10% de los ingresos del agente económico responsable y una sanción por hasta 180,000 UMAs para quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido en la comisión de estas prácticas.
También hay posibles responsabilidades penales. Las personas físicas que participen en este tipo de acuerdos podrían ser sancionados con entre 5 y 10 años de prisión.
