Cancún.- Luego de que la agrupación Opus Magnum de México A.C. solicitó prisión o la destitución de la presidenta municipal, María Elena Lezama Espinosa; el secretario del Ayuntamiento, y los directores de Protección Civil y Fiscalización por permitir la celebración de una corrida de toros en esta ciudad el pasado 20 de diciembre, Jorge Aguilar Osorio dijo que la agrupación actuó conforme a su derecho, pero también aclaró: “si esa va a ser su posición con nosotros, pues ya no seremos amigos”.
Flor Tapia Pastrana, directora de Opus Magnum de México, señaló mediante un comunicado que la realización de la corrida contravino lo dispuesto por el Juez Octavo de Distrito con sede en esta ciudad, quien otorgó la suspensión provisional derivada de las demandas de amparo 1574/2019 y 1575/2019, con la que ordenó a los funcionarios mencionados “prohibir o impedir” el evento.
Derivado de la realización de la corrida, la agrupación presentó un incidente de Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión ante el mismo juez federal y demandó prisión o destitución de los funcionarios demandados.
No se puede amenazar a la autoridad porque no cumple caprichos, indicó el secretario de la Comuna. A muchos no nos gustan las corridas de toros, pero hay a quienes sí. A la plaza entraron 1 mil 300 o 1 mil 400 personas a ver el festejo y 30 personas se manifestaron en contra. Desde esa perspectiva, la autoridad se ve envuelta en un tema de subjetividad, pero más allá de los gustos, un juez de Distrito ordenó que se impidiera la corrida y eso fuimos a hacer, aseguró.
Ellos no entienden que no se puede poner en riesgo una vida humana. En ese sentido, como secretario del Ayuntamiento, lo digo con claridad: por salvar a un toro no voy a poner en riesgo a mil personas, le duela al ecologista que le duela, expresó.
Además, aseguró que en cuanto recibió la notificación derivada de ese juicio de amparo, giró los oficios correspondientes al director de Fiscalización y a Seguridad Pública, a fin de llevar los procesos correspondientes. Eventualmente, se clausuraron las taquillas y la plaza, pero cumplieron con la documentación.
De hecho, recordó que, previamente, una magistrada otorgó a los empresarios taurinos una suspensión que prohibía impedir el festejo, pero luego un juez de Distrito otorgó otro a los ambientalistas y “nosotros, en medio del asunto, tratando de aplicar la ley”.
pesar de eso, tomamos medidas, enviamos a Seguridad Pública y fuimos evacuando a las personas asistentes y apagamos la luz de la Plaza de Toros, con los riesgos que eso conlleva para las personas y los policías que estaban adentro. El cartel incluía seis toros y sólo se lidiaron cuatro porque se impidió que continuara la corrida, continuó.
Sin embargo, reconoció que la agrupación está en todo su derecho y el Ayuntamiento en el de ofrecer las pruebas que se requieran para acreditar la falta de disposición del Ayuntamiento en otorgar permisos.
“Nosotros, como Estado, siempre vamos a proteger, sobre cualquier cosa y animal, la vida e integridad de las personas. Cuando nos dimos cuenta de la situación en la Plaza de Toros y de las complicaciones, retiramos a la gente poco a poco, pero los ambientalistas no entienden que tampoco podíamos poner en riesgo la integridad de las personas que ya estaban dentro de la Plaza”, manifestó.
Aguilar Osorio indicó que como autoridad tienen que hacer lo que la ley establece, pero si un magistrado manda una suspensión y otro manda otra, “la verdad es que nos vemos envueltos en una situación en la que tenemos que ir mediando”.
Luego de reiterar que Opus Magnum incurrió en un exceso, apuntó que la Comuna actuará en la formalidad y serán los jueces quienes determinen quién actuó con responsabilidad y si hay alguna falta a la ley. “Actuamos conforme a derecho porque hay convicción de proteger al medio ambiente y, de hecho, vamos a invertir en el Centro de Bienestar Animal del municipio”.
